Buenos Aires. El juez federal Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento del fiscal federal Carlos Stornelli en la causa por los delitos de espionaje ilegal y extorsión por la que ya está detenido el falso abogado y agente de inteligencia Marcelo D’Alesi, acusándolo junto con el periodista Daniel Santoro y otros de conformar una asociación ilícita paraestatal que funcionó en el gobierno de Mauricio Macri y dejándolos al borde del juicio oral.

También en esta causa figura Pablo Pinamonti, importante funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el fiscal Juan Ignacio Bidone, el abogado Rolado Barreiro y otros, después de una larga investigación que comenzó en febrero de 2019 por la denuncia del empresario Pedro Etcheves, quien era víctima de extorsión, logrando el juez Ramos Padilla acceder a pruebas directas, después de un allanamiento a la casa de D’Alesio, donde encontró una cantidad de documentación sobre éste y otros hechos gravísimos. La causa se fue complicando porque ante la denuncia del empresario comenzaron a aparecer una cantidad de víctimas similares, convirtiéndose en uno de los escándalos más grandes en el gobierno de Macri.

Quedó así al descubierto una red que conformaban jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación, agentes de inteligencia federales y otros ex funcionarios. Ramos Padilla procesó en diciembre de 2019 a Stornelli por siete casos, entre ellos la causa abierta por el ex marido de su esposa actual, un piloto con cargos importantes en Estados Unidos, a quien D’Alesio espió por orden de Stornelli.

Este mismo fiscal, junto con el ya fallecido juez Claudio Bonadío, armó causas falsas e incluso recibió dinero de empresarios que como Etcheves fueron extorsionados, como sucedió en el juicio iniciado con supuestas fotocopias de un cuaderno escrito por el chofer de un funcionario, en un intento por juzgar de manera ilegal a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta.

Al cerrar la instrucción del caso, el juez Ramos Padilla dispuso que cuando se confirmen sus procesamientos, se inicien los trámites para el juicio oral.

Por otra parte, los familiares de cuatro de los 16 detenidos políticos fusilados desnudos junto a sus camastros en una cárcel de la Marina Argentina, en Trelew, en el sur del país, en agosto de 1972, presentaron una demanda civil ante un corte federal del sur de Florida, contra el ex oficial de esa institución militar Roberto Guillermo Bravo, quien hace 47 años está en Estados Unidos.

Bravo fue uno de los verdugos aquella noche terrible, donde a pesar de tratar de rematar a los fusilados, tres de ellos sobrevivieron, muy mal heridos, y fueron salvados por enfermeros y médicos que denunciaron la situación.

Bravo logró eludir la justicia y se fue a Estados Unidos, mientras otros dos marinos fueron juzgados aquí por este crimen de lesa humanidad que fue como el modelo cruel de la última dictadura militar. Ese país rechazó los pedidos de extradición de la justicia argentina. Ahora la demanda fue presentada por Raquel Camps (hija de Alberto Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew y víctima de la última dictadura), Eduardo Capello (sobrino de Eduardo Capello, asesinado en Trelew), Alicia Krueger (compañera de Rubén Bonet, asesinado en Trelew) y Marcela Santucho (hija de Ana Villarreal de Santucho, asesinada en Trelew), de acuerdo con información de Página/12.