Madrid. La Agencia Espacial Europea lanzará una constelación de satélites que medirán las concentraciones de los gases invernadero dióxido de carbono y metano de origen humano en la atmósfera con una precisión de rastreo sin precedente.

Desarrollados en el programa Centinela de Copérnico junto a la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, estos artefactos podrán observar todo el mundo en sólo unos días, además de fuentes individuales de dióxido de carbono y metano, como plantas de energía y de producción de combustibles fósiles.

Mientras tanto, el proyecto CoCO2, financiado por la Unión Europea, diseña los sistemas prototipo para esos artefactos, denominados CO2MVS (apoyo a la observación y verificación), que serán únicos al integrar todos los flujos de información disponibles de manera globalmente coherente.

Al combinar las observaciones satelitales con las capacidades de asimilación de datos y modelado del sistema terrestre del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico, CO2MVS proporcionará información consistente y confiable que se puede utilizar para respaldar la toma de decisiones y políticas respecto de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, a nivel local, nacional y europeo, se indicó en un comunicado.

Se espera que los elementos principales del prototipo de satélites CO2MVS se entreguen en 2023, y que el sistema esté en pleno funcionamiento en 2026, a tiempo para el segundo Inventario Global, que debería concluir en 2028.

Además, Copérnico fortalece sus vínculos con otras iniciativas, como el Sistema Integrado de Observación de Carbono, el Proyecto Global de Carbono y CarbonMonitor. También se está alineando con los marcos de coordinación internacional y contribuyendo a ellos, como el sistema mundial integrado de información sobre gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial y el Comité de Satélites de Observación de la Tierra.

Una vez que el CO2MVS esté en estado operativo, Copérnico podrá apoyar a los países, así como a las autoridades regionales y locales, con sus obligaciones de informar, y les ayudará a tener una mejor comprensión del impacto de sus acciones de mitigación, permitiéndoles perfeccionar la política en este ámbito y adaptar sus acciones, si es necesario.