Después de que un juez de control negara la reapertura de la investigación por el colapso de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Fiscalía General de Justicia solicitó 52 años de prisión para los ex funcionarios acusados como responsables de la muerte de 26 personas.

La dependencia realizó la acusación directa contra siete ex servidores públicos, entre los que se encuentran Enrique Horcasitas, quien fungió como director del Proyecto Metro durante la construcción de la también conocida línea dorada.

Además, se solicitó imponer una pena de 24 años de cárcel a los acusados de las lesiones que denunciaron 34 personas a consecuencia del desplome. El pasado 13 de febrero, el agente del Ministerio Público hizo la querella por escrito ante la unidad de gestión judicial cinco del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.

Apenas el jueves 16 la defensa de los imputados fue notificada, por lo que su abogado Gabriel Regino se inconformó y manifestó su desacuerdo por medio de su cuenta de Twitter, donde expresó: la Fiscalía ha formulado acusación y solicita 52 años de prisión contra nuestros representados.

De acuerdo con los plazos del proceso que se realiza, está prevista que la próxima audiencia intermedia tenga lugar el 17 de marzo, en la que el Ministerio Público hará la acusación y presentará las pruebas que sustenten los señalamientos, las cuales serán evaluadas por el juez, quien determinará su validez.

Horcasitas, Juan Antonio, Moisés, Fernando, Enrique, Ricardo, Juan Carlos, y Fernando fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio y lesiones, ambos con la agravante de culposos, así como daños a la propiedad.

De cuerdo con las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, el desplome de la trabe de la línea 12, en la intersección de las estaciones Tezonco-Olivos, fue a consecuencia de errores graves en el diseño de construcción, por lo cual se hicieron los señalamientos contra los servidores públicos que estuvieron a cargo de las obras, además de la falta de revisión.

En los próximos días se girarán los oficios para citar a audiencia intermedia y los imputados o representantes legales deberán acudir, de lo contrario el juez podría determinar que se giren las respectivas órdenes de aprehensión en su contra.