El Gobierno de la Ciudad de México acatará lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el registro público de agresores sexuales, el cual fue elaborado con el propósito de mostrar a aquellas personas que han violentado la intimidad de las mujeres.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que las comisiones nacional y local de Derechos Humanos interpusieron controversias constitucionales en contra de este registro, al considerar que se afectaban los derechos fundamentales de quienes están involucrados en un delito sexual, por lo que el máximo órgano de justicia del país les concedió la razón.

Dijo que se espera la redacción final de la resolución para saber cuál sería el destino de este registro, pues hubo ministros que consideraron que su elaboración era importante para defender la vida sin violencia de las mujeres, pero en particular la ministra presidenta Norma Piña mencionó que se puede utilizar con otros objetivos.

El registro es un sistema de información de carácter público en el que por medio de una base de datos se dan los nombres de las personas sentenciadas con ejecutoria por parte de un juez penal, en virtud de la comisión de un delito de naturaleza sexual, y se actualiza de forma automática cada mes.

Por otra parte, Sheinbaum señaló que si la investigación sobre las muertes de Sofía y Esmeralda –las hermanas que perdieron la vida al caer en un registro sin tapa en la alcaldía Iztacalco– arroja que hay una persona responsable, debe actuar la Fiscalía o la Contraloría de la Ciudad de México, y si no de todas maneras como gobierno se debe asumir la responsabilidad.

Aseguró que su administración siempre va estar de lado de las víctimas, incluso si su familiares eligen tener un abogado y buscar la mejor manera para la reparación integral del daño.

Agregó que los familiares de las víctimas están en todo su derecho de elegir a sus litigantes, pero advirtió que algunos son abusivos y más que apoyar lo que buscan son ganancias económicas e incluso les hacen firmar contratos en los que establecen que si los separan del caso les van a cobrar.