Baja California, Mexicali, BC., Un empleado de Banca Afirme, presunto responsable de retener 123 millones de pesos del gobierno de Baja California, relacionados con la planta fotovoltaica impulsada por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, fue detenido en Estados Unidos, informaron la Consejería Jurídica y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de David Alejandro Rodríguez Jacobo, quien junto con Nabor Harza, huyó a Estados Unidos tras iniciar un juicio en su contra y 11 funcionarios del gobierno de Bonilla Valdez (2019-2021) por un fideicomiso para garantizar los pagos de 17 mil millones de pesos por la construcción de una planta de energía solar que haría la empresa Next Energy.

Los funcionarios bancarios decidieron no presentarse al juicio que se inició en Mexicali y huyeron de Monterrey, Nuevo León, hacia Huatulco, Oaxaca. En su periplo se trasladaron a Houston, Texas, y después a Europa, según datos recabados estaba en España y regresó en noviembre de 2023 a Houston, donde fue detenido hace cuatro semanas. Y pese a la ficha roja de Interpol sostenía que era ciudadano estadunidense, pero resultó falso y se dio aviso a las autoridades mexicanas. El otro funcionario de Banca Afirme, Nabor Harza permanece en Alemania, según fuentes consultadas.

Al final de su gobierno, el actual senador por el PT, Jaime Bonilla Valdez, impulsó el proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, pero nunca obtuvo autorización de la Comisión Reguladora de Energía y cuando llegó la actual administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, el proyecto se canceló por considerar que era leonino y ventajoso para la empresa Next Energy, quien obtuvo el contrato.

Así, se creó un fideicomiso para el pago de la planta con la Banca Afirme y el Ejecutivo estatal hizo un primer depósito por 123 millones; pero cuando el proyecto se canceló se negaron a devolver el dinero, por lo que el gobierno actual abrió 10 procesos penales contra David Alejandro N y Nabor N, y otros funcionarios de la administración pasada.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, informó que seguirá la integración de la carpeta y podrían obtenerse más elementos para proceder contra los implicados en este fraude.