Buenos Aires., El gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei intimará a las organizaciones sociales y partidos de la izquierda a pagar 75 mil dólares por el operativo de cuatro fuerzas de seguridad desplegadas bajo el nuevo protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir que los manifestantes arribaran a Plaza de Mayo, lo que a pesar de algunos incidentes, lograron hacer en un acto de protesta.

Se trató de la marcha del pasado miércoles con la que se recordó a las víctimas de la represión del 20 de diciembre de 2001, la cual derivó en la renuncia del gobierno de Fernando de La Rúa (1999-2001), con saldo de 39 muertos.

El ministerio que encabeza Bullrich aseguró en un comunicado que el monto calcula el dispositivo desplegado, el consumo de combustible y el promedio de horas-hombre de los efectivos que participaron. Al final del mensaje, en el que se incluye el listado que identifica, de acuerdo con el Protocolo de Orden Público, a 14 organizaciones, pero figuran agrupaciones que ni siquiera fueron parte de la convocatoria, como el Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa y Libres del Sur, entre otras.

Ante las reacciones y repudios no sólo al nivel de la población, sino de partidos políticos, por el bloque de 300 reformas decretadas por el flamante gobierno, Milei dijo que enviará una ley omnibús, que abarca todo lo que quiere cambiar o derogar en más de 300 leyes, al Congreso en un sólo polémico proyecto denominado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que fue anunciado el miércoles.

Esto incluiría la reversión de ganancias, la modificación del estatus de bienes personales, reglas contra blanqueo de capitales y la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, entre otros puntos, para lo cual citará la semana próxima a asamblea extraordinaria, pero por la cantidad de leyes será muy difícil debatir.

Todo o nada

Llevar el proyecto de tantas leyes al Congreso es la única posibilidad de legalizarlo, aunque viola todos los artículos constitucionales en favor de las grandes empresas.

Antenoche, nuevamente se movilizó el operativo represivo, que se mantuvo amenazante, ya que las marchas y cacerolazos se extendieron a todos los barrios del país desde que el mandatario anunció su paquete de medidas.

Ayer se repitió la jornada de protestas en distintas ciudades.

Abogados que se han unido en varios frentes para acudir en defensa de los manifestantes denunciaron la fuerte represión de antier, en Córdoba, contra un acto realizado por una cantidad de inquilinos amenazados por el DNU.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó un acto frente a una sede de la Jefatura de Gabinete para repudiar la aplicación de este decreto desregulador de la economía y de los controles del Estado, y denunció que la infantería de la Policía Federal entró al edificio de la empresa siderúrgica Somisa, donde se realizaba la asamblea de los trabajadores, para militarizar el lugar, y se vivieron momentos de graves peligros.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, la cual agremia a miles de empleados, estableció en un comunicado que “el orden y la libertad de una república comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución nacional y al balance de los tres poderes del gobierno. Entendemos que el DNU dictado por el presidente, y secundado por el gabinete, ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del poder público.

Aseguró que se declara en estado de alerta y movilización, y confirmó que participará el 27 de diciembre, ante el Palacio de Justicia de la Nación, en la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo y todas las centrales sindicales para rechazar las medidas del gobierno.

Los que sí aplauden

Ayer impactó el hecho de que la cámara que nuclea a las empresas de capitales estadunidenses en Argentina dio a conocer un comunicado considerando muy positivo el DNU, porque, además de dar libertad a los mercados, favorecen el desarrollo económico y social del país.

Estamos convencidos de que la revalorización del sector privado, que promueve el gobierno como actor relevante en la economía, redundará en mayores inversiones, en un aumento de las exportaciones y otras acciones que colocan al país en la senda del desarrollo económico y social sostenido, convirtiendo nuevamente a Argentina en un país viable, señalaron.

Circunscribir las relaciones obrero-patronales bajo la premisa que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, los usos y las costumbres, genera una nueva esperanza de que el país pueda revertir un largo periodo caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación, e intervencionismo innecesario y destructivo del Estado, añadieron.

Planes excesivamente dolorosos

El investigador y director de Centro y Periferia, Federico Pastrana, dijo a la Agencia Paco Urondo que lo que hacen los planes ortodoxos es establecer anclas monetarias fiscales. En este caso, no hay un ancla monetaria, lo cual hasta puede llegar a ser un problema grande porque puede llevar a una pérdida más rápida de la presencia del peso, la moneda local.

Analizó que el problema de estos planes es que son excesivamente dolorosos socialmente, porque lo que hace primero el ancla fiscal es reducir el gasto público y en Argentina más de la mitad está relacionado con la protección social.