l domingo pasado por la mañana, en vísperas de las celebraciones navideñas, 7 mil personas partieron de Tapachula, Chiapas, con el propósito de avanzar hacia la frontera con Estados Unidos e ingresar a ese país. Los integrantes de esta nueva caravana migrante, autodenominada éxodo de la pobreza, denuncian que se vieron obligadas a tomar camino porque el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se han limitado a darles largas a los trámites para regularizar su estancia en México. Mientras esperan a que se les entreguen los permisos necesarios, sostienen, permanecen paralizados, sin alimentos ni fuentes de ingresos para autosustentarse o enviar a sus seres queridos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití, República Dominicana, Pakistán, Bangladesh, China e India, entre otros.

Entre las centenas de miles de personas que se encuentran en México en situación migratoria irregular, es necesario distinguir dos grandes grupos: quienes ven al país como punto de llegada y quienes lo entienden co-mo parada en su periplo hacia Estados Unidos. Las autoridades de los tres niveles de gobierno mexicano deben asumir la obligación humanitaria de asistir al primer conjunto de viajeros y atender sus peticiones de asilo.

Más allá de las consideraciones impuestaspor el respeto a los derechos humanos, es imperativo un giro en la percepción que amplios sectores de la sociedad tienen sobre los migrantes de regiones que atraviesan adversidades mayores que las mexicanas: la idea de que representan un inconveniente para la sociedad y una carga para el erario ha de remplazarse por la comprensión de que estos individuos y familias no sólo necesitan asistencia, sino que también pueden aportar mucho a México, donde el crecimiento económico, el fenómeno de la relocalización de las cadenas productivas y, en el caso de las grandes ciudades, el envejecimiento demográfico, demandan mano de obra que no se alcanza a cubrir de manera interna. En este contexto, está claro que sería más conveniente para el país dedicar recursos a capacitar y preparar a los migrantes en edad laboral para integrarse plenamente a la economía mexicana, que mantenerlos aislados y fuera de los circuitos productivos.

Por otra parte, están quienes atraviesan el territorio mexicano con el único objetivo de alcanzar Estados Unidos. A ellos, es bien pocolo que pueden ayudarles las autoridades nacionales, pues piden algo que el Estado mexicano simplemente no puede darles: el acceso a la superpotencia. La desesperación de cientos de miles de personas que exigen documentos migratorios para transitar por el país e intentar el cruce hacia el norte es en todo punto comprensible, y cualquier humano sensible sentirá empatía hacia ellos, pero su situación variará en muy poco si se apiñan en la frontera sur o en la norte de México. Lo que es más, incluso con todos los papeles que reclaman al gobierno federal, su travesía estará llena de peligros y los expondrá a las amenazas de grupos criminales, todo para que al final del camino se topen con el muro levantado por Washington y los gobernadores de entidades estadunidenses fronterizas. Por ello, debe señalarse la irresponsabilidad de las organizaciones que les hacen creer que el único obstáculo entre ellos y el sueño americano lo constituyen las instancias migratorias mexicanas.

Lo que resulta evidente es que México no puede permitirse copiar la visión y las políticas migratorias de Estados Unidos, caracterizadas por la xenofobia, el racismo, la judicialización de un tema humanitario y una palpable hipocresía, dañina tanto para los buscadores de refugio como para el país que los rechaza, el cual se pierde del enorme potencial de personas cuya máxima aspiración es trabajar para salir adelante y brindar un horizonte de mejora a sus familias.