La denuncia de un segundo empresario, a quien se le pidieron 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación, destapó una red de protección para empresas constructoras operada por funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, como los ex directores de Jurídico y Gobierno Luis Vizcaíno, ya sentenciado y vinculado a proceso, y de Desarrollo y Planeación Víctor Manuel Mendoza, prófugo de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia informó que a raíz de las declaraciones del desarrollador, quien se acogió a un criterio de oportunidad a fin de que se extinga la acción penal en su contra, se giró una orden de aprehensión contra César N, encargado de la ventanilla única.

Además se investiga a Alfonso N, ex director de Planeación y Desarrollo, y a Alejandro N, ex coordinador de ventanilla única, quienes informaban el monto a pagar por la protección y firmaban los recibos que entregaban a los constructores, respectivamente.

En un mensaje a medios, el coordinador general de Investigación Territorial y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, señaló que este modus operandi se identificó desde 2015 y ha sido recurrente en al menos tres administraciones.

Se trata, explicó, de solicitar apoyos económicos y en especie a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran contratiempos, sanciones y multas, aunque también, en este caso, se le solicitaron 200 mil pesos para la campaña de Christian N, quien se encuentra preso.

La suspensión de una obra en la calle Pitágoras, colonia Narvarte, narró el empresario, lo llevó a visitar a Vizcaíno, quien le solicitó una gratificación de 150 mil pesos.

En 2015 acudió a él debido a una sanción económica por una obra en la calle Patricio Sanz, colonia Del Valle, pero como estaba por concluirse, fueron 250 mil pesos.

Vizcaíno, dijo, lo buscó a finales de 2016 para platicar sobre su intención como empresario de la construcción a fin de asociarse, por lo que recibió un contrato de él para edificar un inmueble en la calle Cordobanes, colonia San José Insurgentes, con un piso adicional a los autorizados.

La protección de una obra en Holbein, colonia Ciudad de los Deportes, le significó 1.8 millones de pesos, mientras otra en José María Rico, colonia Actipan, 850 mil.

Víctor Manuel Mendoza, hermano del legislador federal panista Luis Mendoza, acusó, era quien explicaba a los constructores que no había de otra, que todos tenían que entrarle a esta situación, viniese recomendado o no, estuviese bien la obra o no.

La tarifa, sin embargo, variaba si había pisos adicionales o se hacían cosas ajenas a la normativa, pues, de lo contrario, sería la obra sujeta a total terrorismo en cuanto a visitas de verificación y procesos de protección civil, que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto, denunció.