San Cristóbal De Las Casas, Chis., Al menos 31 mil 710 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de municipios de Chiapas han resultado perjudicados durante 2023 y en lo que va de 2024 por la violencia criminal, afirmaron la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado, pero no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población, aseguraron.

En un informe conjunto señalaron que en diferentes municipios hubo situaciones que afectaron la vida de miles de menores en sus derechos más básicos como la vida, la alimentación, la familia y el acceso a la salud y a la educación.

Destacaron que desde 2021 Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta entre grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas.

En la pugna, los pobladores de municipios serranos han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual: cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz, amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamientos.

Todo lo anterior, dijeron, ha trastocado la vida cotidiana, debido a bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, entre otras situaciones.

Ambas agrupaciones recordaron que entre mayo y agosto se registró desplazamiento de pobladores a causa del asedio de grupos criminales en comunidades de Frontera Comalapa, Motozintla y Chicomuselo.

Las poblaciones también fueron víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y, con ello, pérdida de cutivos al no poder cosechar, así como escasez y encarecimiento de alimentos.

En septiembre, profesores de la zona escolar 025 determinaron suspender las clases debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad.

Ante esas circunstancias hicieron un llamado urgente a los gobiernos federal y estatal, así como a la comunidad internacional, para reconocer y detener esta guerra contra los pueblos de Chiapas.