Campeche, Camp., Ciudadanos de comités vecinales de la capital del estado se instalaron en plantón el sábado en la Plaza de la República, a fin de mostrar su respaldo al movimiento de policías que comenzó el 16 de marzo y exhortaron a la gobernadora Layda Sansores a dejar de acosar a los uniformados con sanciones laborales y despojo de patrullas.

Encabezados por Angélica García, representante de los comités vecinales, pidieron a Sansores dejar de violentar el amparo concedido a los policías para que no sean molestados ni sancionados salarialmente.

Repudiaron el intento de retirarle más de 400 vehículos oficiales, pues, dijeron, la capital de Campeche volverá a ponerse en manos de la delincuencia. Los agentes sublevados han defendido que aun en paro, por las noches patrullan las calles.

De forma paralela, otro grupo de ciudadanos recaba alimentos, agua, medicinas y combustibles para las familias de los policías, toda vez que muchos de ellos han sido sancionados con la retención de sus sueldos. Decenas de personas acuden todos los días a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana a entregar donativos.

Antes, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche visitó las instalaciones donde se encuentran los uniformados en rebeldía; la presidenta del organismo, Ligia Rodríguez Mejía, recibió decenas de reproches porque abandonaron a los paristas para no afectar a la gobernadora morenista Layda Sansores.

La funcionaria aclaró que sí se documentó la existencia de 44 agentes lesionados durante el operativo del pasado 15 de marzo en el penal de San Francisco Koben durante el traslado de reos a otros centros penitenciarios amotinados.

También reveló que ha solicitado a la titular de Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, copia de los videos del C-5 durante el fallido operativo. Un día después de éste, los policías acusaron que los enviaron a detener un motín sin armas ni escudos y que al frente iba el grupo femenil.

A partir de ese día se han generado una serie de protestas contra la mandataria estatal, quien les ha ofrecido varias prestaciones. Sin embargo, los agentes exigen como única condición la renuncia de Muñoz Martínez para retirar el paro.