Santiago. Al tiempo que la declaración final de la tercera conferencia de las partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, sobre protección ambiental suscrito por 24 países latinoamericanos en 2018, expresaba complacencia acerca del desenlace de la reunión, dirigentes indígenas cuestionaban aquello y denunciaban la falta de inclusión de sus propuestas.

Los estados parte aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú, dice el comunicado publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en cuya sede se efectuó la cita.

Pero dirigentes de pueblos originarios cuestionaron lo que consideran es una falta de inclusión de sus planteamientos.

La información agrega que “Anixh de Pablo, lideresa indígena del gobierno ancestral plurinacional Q’anjob’al, Chuj y Akateko de Guatemala, demandó la inclusión de elementos y mecanismos que garanticen la participación de los pueblos indígenas, e instó a los estados parte a crear e institucionalizar los mecanismos de participación plena y efectiva de defensoras y defensores del medio ambiente en sus planes nacionales, a destinar los recursos necesarios para garantizar dicha participación y a diseñar los procesos de evaluación periódica de dichos planes”.

Elsa Dina Juc Suc, dirigente guatemalteca y alcaldesa del municipio Santa Lucía Utatlán, expresó desilusión porque los estados parte del pacto “no han querido adoptar ninguna de las propuestas que hemos planteado dentro del plan de acción del Acuerdo.

La excusa es que se ha generalizado para que los sectores se sientan incluidos, pero no se especifica ningún pueblo que se sienta excluido. Especialmente Argentina y Uruguay han insistido en que se quede el texto tal cual está, que no se hagan cambios ni especificaciones, mientras otros estados no se han pronunciado al respecto, expuso.

Especialmente los países donde ha habido vulneraciones de los derechos humanos históricamente son los más reacios y dicen que el texto no se debe cambiar. Es la realidad, un racismo y una discriminación estructural que todavía no se supera, lamentó.

Y si bien “en el plan hay un párrafo donde se ha podido incluir a los pueblos indígenas y comunidades locales –es el único logro, muy escueto–, la gran reflexión para nosotros es empezar a trabajar desde nuestros territorios, revisar quiénes nos representan en nuestros espacios, pues ese asunto nos lo vamos a tomar con más cuidado”.

Otro aprendizaje, dijo, es que estamos comprendiendo cómo funcionan las estructuras dentro de la COP.

Respecto de su país y la emergente presidencia de Bernardo Arévalo Díaz, expresó que no es por echar en cara, pero honestamente si no es por los indígenas que lideramos la resistencia pacífica durante 106 días, el presidente electo por voto popular no hubiera tomado posesión; el pacto de corruptos estaría implementando una dictadura, por tanto (Arévalo) tiene que contribuir con los pueblos más marginados de nuestro país que son los que le han apoyado para estar en el poder en este momento.