Si bien el Senado dejó pendientes de nombrar a más de 100 magistrados e integrantes de organismos autónomos, en los cinco años y ocho meses de la legislatura se realizaron más de 2 mil 500 nombramientos, entre ellos dos ministras de la Suprema Corte de Justicia, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se ratificó al titular de la Fiscalía General de la República, a dos secretarios dela Función Pública, entre otros funcionarios.

Igualmente, a magistrados electorales, a integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a los titulares de la Junta de Gobierno del Banco de México y del Inegi, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Aunado a ello, el Senado ratificó 122 nombramientos diplomáticos, incluidos dos secretarios de Relaciones Exteriores, a subsecretarios de la cancillería, 82 embajadores y 30 cónsules.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, comentó que la legislatura por concluir fue productiva y abrió la posibilidad de que haya un periodo extraordinario después de junio, a fin de desahogar los nombramientos pendientes, entre ellos más de 50 magistrados electorales y dos comisionados del INAI, que no se concretaron por falta de acuerdos con la oposición.

Sin embargo, insistió en que no puede minimizarse el trabajo realizado en el Senado, como pretende la oposición, por una simple disputa partidista: fueron 40 reformas constitucionales para devolver la rectoría al Estado, separar el poder político del económico, instaurar la austeridad en la administración pública y llevar a la Carta Magna los programas sociales. Además, agregó, 300 reformas a diversas leyes y la ratificación de 58 instrumentos internacionales.

Respecto a este tema, el senador de Morena César Cravioto consideró que muchos de los nombramientos pendientes no pudieron avanzar porque la oposición intentó imponer a sus candidatos a través de la política de cuotas, lo que su bancada rechazó.

A pesar de que quedaron pendientes los nombramientos de dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que ese organismo puede funcionar con sus cinco magistrados actuales, ya que sólo para la validación de la elección presidencial, de acuerdo con la Constitución, deben ser seis. En este caso, se llama al decano de alguna de las salas.

César Cravioto resaltó que el problema fue siempre que PAN y PRI quisieron imponer a su gente y Morena, que es el grupo mayoritario, no podía ceder. Incluso, recordó que en el caso de la ahora ministra Lenia Batres el presidente Andrés Manuel López Obrador debió acudir a su facultad constitucional y nombrarla directamente, ya que no se lograron las dos terceras partes de los votos.