El subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio, afirmó que se aumentó el número de elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional desplegados en Chiapas, donde habitantes de los municipios de Amatenango de la Frontera y de Mazapa de Madero huyeron a Guatemala debido a la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada que se disputan territorios en la sierra y la frontera de la entidad mexicana.

Ya se incrementó el estado de fuerza, tanto de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó, luego de participar en en el informe mensual del grupo interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral a las Mujeres, Niñas, Adolescentes y Adultas mayores, en instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

Aunque no indicó el número de guardias y castrenses movilizados a esa entidad, el funcionario aseguró que los elementos vigilan caminos y comunidades de la zona.

Como informó La Jornada en su edición de ayer, diversos reportes refirieron que los pobladores chiapanecos ingresaron a territorio guatemalteco a pie por caminos de extravío hacia los municipios de Cuilco y Chiantla, departamento de Huehuetenango, colindante con Chiapas.

Elsa Hernández, gobernadora de Huehuetenango, dijo que los desplazados están llegando con pocas pertenencias a Cuilco y Chiantla, por lo que necesita apoyo humanitario, instalación de albergues, así como alimentos y medicamentos.

Por separado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, indicó que en Chiapas hay hechos de violencia focalizados en algunas zonas y que se están atendiendo. No es un tema generalizado y como tal se tiene que atender de manera coordinada entre autoridades locales y federales, explicó.

Entrevistado al término de la presentación libro 50 años del Conapo, transformación de la política de población, refirió que desde hace tiempo la Secretaría de Gobernación ha estado participando de manera permanente y coordinada con el gobierno de la entidad.

En tanto, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) exigió protección y ayuda humanitaria para los desplazados por la violencia en ese estado, así como un plan de atención integral a las víctimas.

Nataniel Hernández, de la secretaría ejecutiva de la Red TDT, expuso que alrededor de 500 personas se vieron obligadas a huir de sus comunidades y la mayoría son niñas, niños, mujeres y adultos mayores que están en condiciones precarias.