La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) logró que un juez federal con sede en Torreón, Coahuila, dictara la primera vinculación a proceso de Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42, con sede en esa ciudad, por haber participado en una red de corrupción relacionada con el otorgamiento ilícito de montos irregulares en alrededor 3 mil pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (Issste).

En la audiencia inicial, el juez de control se negó a avalar la prisión preventiva justificada que solicitó el Ministerio Público Federal para el ex presidente de la junta local y dos actuarios.

En enero pasado, La Jornada dio a conocer que entre 2011 y 2019 el Issste fue objeto de fraudes con pensiones por más de 12 mil 733 millones de pesos y que la FEMCC inició 131 carpetas de investigación que involucran casos en Nuevo León, Coahuila, Durango, Morelos, Ciudad de México y otras entidades.

De acuerdo con información obtenida por este diario, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42 fue detectada por las autoridades ministeriales, el Issste y la Auditoría Superior de la Federación, como una de las instancias a través de las cuales se realizó la mayor cantidad de otorgamientos ilegales de recursos para pensiones, en connivencia con despachos de abogados y funcionarios del instituto.

La red de corrupción operaba de la siguiente manera: los abogados cooptaban jubilados y los convencían de poder obtener mayores ingresos en su pensión demandando conceptos que no les correspondían; a cambio obtenían 50 por ciento de lo que se les asignara como compensación acumulada. Funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje aceptaban las demandas, a pesar de que la solución de esos recursos era competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Después, funcionarios del Issste involucrados se abstenían de promover apelaciones a los laudos y dejaban que las resoluciones causaran estado, y así se concretaban los desfalcos. Estas vinculaciones fueron parte de los argumentos esgrimidos ante jueces de Coahuila que ya conocen del desahogo de varias carpetas de investigación.

En este caso, dentro de la causa penal 299/2023, el miércoles 23 de julio, poco después de las 12:30 horas, comenzó la audiencia inicial y luego de más de cinco horas de debate ante el juez, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica; la continuación se realizó el domingo pasado, de las 16 a las 22:30 horas.

El juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42, así como de los actuarios Raquel Andrea Hinojos Martínez y Christian Jesús Montelongo Reza.

A los tres se les imputó su presunta responsabilidad en el delito contemplado en el artículo 225 del Código Penal Federal, fracción VII.

Pese a que los representantes de la Fiscalía General de la República argumentaron que los tres debían permanecer en prisión preventiva justificada, debido a que los laudos que emitieron provocaron afectaciones que se estiman en alrededor de 3 mil millones de pesos a las finanzas del Issste, el juez de la causa impuso la medida cautelar de presentación periódica mensual a los tres y al ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42, Borunda Ayala, la prohibición de salir del país, por lo que tuvo que entregar su pasaporte.