Lima. La presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte, suspendió ayer por 30 días toda la actividad minera en la zona donde secuestraron y mataron a 13 trabajadores de una mina de oro, en lo que las autoridades consideran uno de los peores ataques en el país.

Boluarte anunció también un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y la instalación de una base militar en el distrito de Pataz, en el norte del país, centro de disputas durante una fiebre por el oro debido a los altos precios internacionales del metal.

Perú es el tercer mayor productor de cobre del mundo, pero los depósitos del metal rojo se encuentran en gran parte en el sur. El oro y la plata se extraen principalmente en el norte.

La mandataria solicitará esta semana al Congreso poderes legislativos para elaborar leyes sobre terrorismo urbano y permitir actuar contra bandas criminales que siembran terror.

La minera de oro Poderosa informó antier que la policía halló los cuerpos de 13 trabajadores de una pequeña mina que tenía un contrato de suministro con la empresa, después de que su secuestro fue reportado a finales de abril.

Boluarte adelantó que las fuerzas armadas tomarán el control en la zona asediada por la violencia, donde opera Poderosa, la segunda productora de oro de Perú, según datos oficiales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, detalló que la suspensión por un mes de la actividad minera en Pataz podría prorrogarse, dependiendo la situación en la zona. En ese periodo se excluirá a los pequeños mineros que no cumplen con las normas de un permiso temporal de operación.

En la misma conferencia el comandante general de la policía, Víctor Zanabria, refirió que hasta mayo se tienen en Pataz mil 291 permisos llamados Reinfo para mineros de pequeña escala, de los cuales 530 están vigentes y 761 no tienen al día su registro.

El gerente de asuntos corporativos de Poderosa, Pablo de la Flor, declaró a Reuters que el gobierno debe aclarar si la suspensión incluye las faenas de Poderosa, pues a su consideración debería ser aplicable únicamente a la actividad de los informales.

Julia Torreblanca, presidenta del gremio que reúne a las empresas mineras de Perú, consideró que el gobierno no tendría que castigar a los formales que cumplen las normas, sino a quienes operan al margen de ley.

El distrito de Pataz se ha convertido en los últimos años en la mayor zona productora de oro de Perú debido al aporte de pequeñas minas en vías de formalización que operan bajo el amparo de permisos temporales que otorga el gobierno.

La minería ilegal, principalmente de oro, se ha convertido en una actividad que mueve más dinero que el narcotráfico, entre 3 mil millones y 4 mil millones de dólares cada año, de acuerdo con cifras del gobierno.