En el marco de la solicitud de información que el Comité contra la De­saparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo al Estado mexicano ante los indicios de que en el país esta práctica se realiza de forma generalizada y sistemática, el órgano destacó que México ha acumulado 757 acciones urgentes entre 2012 y el 18 de junio de 2025, para que de manera inmediata instrumente medidas para buscar, localizar y proteger a la víctima.

De ese total de mecanismos, presentados ante el CED por familiares de los desaparecidos o representantes legales, apenas 78 han sido cerrados tras la localización del ausente.

El comité afirmó que en la mayoría de los 757 casos se alega que las desapariciones, incluidas las forzadas, constituyen una práctica generalizada en los estados en cuestión y se advierten vínculos entre agentes estatales y grupos criminales a través de su participación directa o indirecta por medio de su autorización, apoyo o aquiescencia.

Indicó que ha observado con preocupación que la información parece revelar fallas en los procesos de búsqueda e investigación, y que las respuestas proporcionadas por México no suelen demostrar la adopción de medidas efectivas.

En particular, ha detectado que en la mayoría de las acciones urgentes la búsqueda parece ser llevada a cabo principalmente por los familiares de los desaparecidos. Cuando las autoridades competentes intervienen, la información disponible parece revelar que suelen hacerlo casi exclusivamente a través de solicitudes documentales y peticiones rutinarias de cooperación entre instituciones federales y estatales, en ausencia de un plan o estrategia de búsqueda e investigación prestablecido.

El CED expuso que, igualmente, el grueso de los casos se refieren a retrasos o fallas relacionadas con visitar el presunto lugar donde ocurrieron los hechos o de la posible localización de la persona desaparecida; sobre el análisis forense de las muestras genéticas disponibles, así como la recopilación y análisis de redes telefónicas, hojas de llamadas y videos de cámaras de seguridad.

El comité también observó con preocupación que, según las alegaciones, las autoridades suelen comunicar a las víctimas que la falta de recursos humanos y financieros obstaculiza las acciones de investigación y búsqueda.

Asimismo, señaló que la información proporcionada por el Estado sobre las estrategias de búsqueda e investigación, análisis de contexto y sus respectivos resultados, parece indicar que los supuestos vínculos entre agentes estatales y grupos criminales no suelen ser considerados.

Reiteró su preocupación porque algunas de las desapariciones que han sido reportadas al Estado no se estuvieran investigando como posibles desapariciones forzadas, optando las autoridades por utilizar otro tipo penal, incluso cuando los familiares de la persona han hecho la solicitud específica.