i hay una virtud en la actual administración gubernamental federal es la congruencia. Escasos son los momentos en que un gobierno mexicano resuelve los problemas del país sin lastimar políticamente a nadie y, a la vez, defender e impulsar su proyecto de nación.
El pronto emplazamiento que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral deberá hacer a toda la sociedad a fin de que sus integrantes, de manera individual o colectiva, se pronuncien para cambiar y transformar principalmente las normas que rigen las consultas populares, los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, el régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales son un reto democrático para todos, como lo establece el reciente decreto que la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el lunes 4 de agosto.
Es momento de dejar lo intrascendente y frívolo del pragmatismo político actual. En el ejercicio del poder pocos políticos, representantes populares y partidos se salvan de la intrascendencia, de la insignificancia. Por ello, un proyecto de esta naturaleza constituye un hecho excepcional por oportuno y necesario.
Existe una mayoría en el poder que requiere, si desea seguir transformando al país, de una gran reforma política que modernice plenamente a la nación, igual que lo hace desde hace seis años en el plano social, económico y educativo.
Hace tres años en el gobierno lopezobradorista se propuso una reforma electoral necesaria, pero fue contenida por el conservadurismo de los partidos de derecha, de algunos integrantes del Poder Judicial de entonces y de ciertos rencorosos ex funcionarios de los organismos electorales, además de académicos e intelectuales sectarios.
La situación política del México actual no tiene correspondencia con los resultados de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones federales y locales de los últimos siete años. Mientras, el gobierno federal ha venido modificando sustancialmente el ejercicio del poder y hace todo lo que está a su alcance para que la sociedad se adapte a las nuevas realidades posneoliberales, sus adversarios políticos siguen en una irracional campaña mezquina de mentir y ofender sin ningún sentido de lealtad ni respeto institucional.
Dar una nueva legitimidad y representación a los diversos actores que integran el mosaico ideológico del país es tarea urgente e impostergable. El actual juego partidario, por ejemplo, es artificial, puramente retórico. Este vacío requiere una imprescindible modernización para hacer del sistema de partidos un modelo verdaderamente competitivo a nivel municipal, estatal y nacional. Debemos discutir no sólo las reglas de acceso al poder, sino fundamentalmente los mecanismos y maneras en que se ejerce ese poder; léase la actividad pública de presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores.
Es una verdad que mayorías y minorías constituyen el todo nacional, como alguna vez argumentaba el régimen para impulsar una reforma política. Hoy, después de múltiples retoques constitucionales y legales a la competencia electoral, aprendimos que el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es un deber inatacable.
La reforma política que se espera próximamente de seguro será una propuesta congruente de un gobierno preocupado desde 2019 por romper las simulaciones históricas, los atropellos y los fraudes electorales. Por cierto, nadie ha respetado más la libertad para que el ciudadano decida el sentido de su voto, como éste y el anterior gobierno federal.
El nuevo Estado mexicano está fortaleciéndose por el apoyo mayoritario de una sociedad cada vez más politizada. La reforma política no corre ningún riesgo. El éxito se puede pronosticar por la necesidad imperiosa de modernizar a plenitud las instituciones políticas de la vida nacional.
El desarrollo de nuestra democracia no puede depender más de las debilidades estructurales de partidos y medios de comunicación, del sectarismo de periodistas y académicos. La decisión del Estado de discutir sin esquema prestablecido con ideas, críticas y análisis, mediante los métodos del debate público todos los elementos que configuran a nuestra democracia, es un verdadero signo de progreso y modernidad.
*Investigador Titular del Iisunam
