a reducción de la pobreza multidimensional en más de 12 por ciento en el sexenio anterior, 2018-2024, al pasar de 41.9 a 29.6 por ciento, y si consideramos solo la pobreza por ingresos, de 49.9 a 35.4 por ciento, una disminución de más de 14 puntos porcentuales, es un logro sin precedente alguno en México, y a nivel internacional sólo equiparable con China, en los resultados de su política económica y social la última década del siglo XX. No hay ningún referente contemporáneo que se le acerque, ni en América Latina ni en el mundo.

Visto en términos absolutos, la idea es más clara. La pobreza multidimensional pasó de 51.9 millones de personas pobres a 38.5 millones, lo cual significa que más de 13 millones salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. En cuanto a la pobreza por ingresos, el número de personas en esta situación disminuyó de 61.8 millones en 2018 a 46 millones en 2024, una reducción de más de 15 millones en un sexenio.

Si lo calculamos de manera más segmentada en el tiempo, significa que, como ya lo han calculado economistas acreditados, un promedio de casi 200 mil mexicanos salieron de la condición social de la pobreza moderada en cada uno de los doce meses del año durante el pasado sexenio, incluidos los dos difíciles años de la pandemia de covid-19, 2020 y 2021.

La medición de la pobreza multidimensional, que hoy hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y antes hacía el Consejo Nacional de­ ­Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con la misma metodología, hay que decirlo, es más rigurosa y completa que los criterios que utiliza el Banco Mundial a nivel global, ente que determina que quien está en pobreza ­extrema es el que tiene un ingreso inferior a 2.15 dólares diarios, y en pobreza moderada quien tiene menos de 3.65 dólares, mientras que la pobreza multidimensional mide el ingreso de las personas y su acceso a seis servicios básicos: educación escolarizada, acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y a la alimentación nutritiva y de calidad.

Visto aspecto por aspecto, entre 2018 y 2024 hubo reducciones en cinco de esas seis dimensiones de las carencias sociales. Se redujo el rezago educativo, la carencia de acceso a la seguridad social, la carencia por calidad y espacios de la vivienda, la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda y por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. La única carencia que aumentó fue la de acceso a los servicios de salud.

Analizado territorialmente, si bien en distinto grado, la reducción de la pobreza fue generalizada a lo largo y ancho del país: las tasas de pobreza multidimensional y por ingresos disminuyeron en las 32 entidades.

Es un balance global y segmentado más que positivo, en cifras oficiales de un organismo acreditado, como lo es el Inegi, que hizo el estudio con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh).

No es un activo casual ni fortuito, es producto de políticas públicas específicas, concretamente el incremento notable del salario mínimo real (no sólo nominal) en dicho periodo, que constituye el mayor aumento entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el ­Desarrollo Económicos (OCDE).

También se debe a la diversidad y ­eficacia de la política social, los programas de transferencia directa y sin burocracias a la población beneficiaria, con acento en los dos primeros deciles de ingreso, que son la base de la pirámide.

La reducción de la pobreza es un logro y también un desafío. Me explico. Si bien la pobreza extrema también disminuyó sensiblemente, al pasar de 7.1 por ciento en 2018 a 5.3 en 2024, todavía son 7 ­millones de personas, con identidad cierta, nombre y apellido, que reclaman salir de esa condición de precariedad inaceptable, producto de décadas de abandono oficial.

En pobres extremos por ingresos, si bien éstos registraron una reducción en más de 5 millones de personas en el sexenio, un hecho sin precedentes, el universo todavía es de 12.1 millones durante 2024.

El reto es mayor porque la inmensa mayoría de esos mexicanos en condición de pobreza extrema pertenecen a alguno de los 68 pueblos indígenas del país. Si bien en el último estudio del Inegi, que comprende todo el sexenio 2018-2024, no aparece escrutado por segmentos de población, en el que realizó Coneval durante el periodo 2020-2022 se registró un descenso muy importante y significativo en el porcentaje de población indígena en condición de pobreza (sumada la moderada y la extrema) al pasar de 76.6 a 65.2 por ciento, pero esta cantidad seguía siendo casi el doble que el de la población no indígena, en la que sólo 33.1 eran pobres.

En suma, no puede negarse mérito alguno al formidable esfuerzo y acierto de las políticas públicas de contenido social en el sexenio que feneció el año pasado, las políticas laborales y sociales que redujeron sensiblemente tanto la pobreza moderada como la extrema, pero todavía queda un gran trecho por recorrer.

El esfuerzo debe continuar y debe profundizarse, por parte del Estado mexicano y también por parte de la sociedad en su conjunto.

Ningún mexicano debe de estar ­privado de los mínimos de bienestar social, y mucho menos cuando el segmento más rezagado es el de los dueños originales del continente, los pueblos y las comunidades indígenas.