La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá celebrar sesiones itinerantes en distintas regiones del país y atenderá como preferentes los casos de comunidades indígenas y afromexicanas, así como aquellos que involucren directamente el interés superior de los menores, derechos humanos, asuntos electorales y otros de alto impacto social.

Lo anterior quedó establecido en el nuevo Reglamento de Sesiones, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) junto con un acuerdo clave sobre la atención de asuntos. Ambos fueron aprobados el miércoles por unanimidad del pleno; buscan que la nueva integración de la Corte reduzca el rezago y agilice la resolución de expedientes.

Entre las novedades figuran cambios en días y formatos de sesión; por primera vez se fija un límite de tiempo a las intervenciones y se ordena la publicación digital de todos los proyectos junto con las listas de asuntos, a diferencia de las gestiones pasadas, cuando apenas se transparentaba una mínima parte.

Cuando el asunto involucre a niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, u otros casos de gran relevancia nacional, la sentencia se emitirá en formato accesible o se elaborará una síntesis; en su caso deberá traducirse a la lengua originaria correspondiente.

“La Corte es sensible al clamor de justicia y se prevé generar espacios que permitan que personas o grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y otros sectores, tengan acceso efectivo a la resolución de los asuntos; es por ello que se prevén audiencias públicas que podrán celebrar en un lugar distinto a las sedes”, señala el documento publicado en el DOF.

La reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 eliminó las salas y obligó al máximo tribunal a funcionar sólo en pleno. Los nuevos ministros acordaron un calendario: lunes y martes, para controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y casos vinculados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; miércoles, asuntos penales y civiles; jueves, materias administrativas y laborales.

Para el desarrollo de las sesiones se fijaron tiempos estrictos, lo que no sucedía en el pasado, porque bastaba que los ministros pidieran la palabra. Con esto se busca acotar debates, evitar interrupciones y agilizar las votaciones.

Ahora, el ministro ponente tendrá 10 minutos; en la primera ronda cada integrante contará con siete minutos y el ponente con cinco de réplica; en la segunda ronda los turnos serán de cinco minutos y la respuesta de tres. Sólo la presidencia podrá abrir rondas adicionales en casos de excepción.

Además de los asuntos preferentes, la Corte también marcó de “urgentes” los decretos presidenciales, que la Constitución obliga a revisar automáticamente, y como “prioritarios” casos que protegen derechos humanos fundamentales o que requieren amparo rápido, según las leyes de Amparo y Reglamentaria del artículo 105 constitucional.

Paralelamente, se publicó el acuerdo general 1/2025, que implanta un sistema automatizado de recepción y turno de asuntos con seguimiento mediante código QR.

Aún faltan cambios en la Corte. Ayer, cuatro días después de la instalación del nuevo pleno, la ministra Lenia Batres aseguró que aunque los sueldos de togados se redujeron al tope constitucional desde enero, sus compañeros aún reciben prestaciones que superan en 2.6 millones de pesos anuales lo que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum, salvo ella y Loretta Ortiz.

Recordó que el primero de septiembre, el pleno acordó pedir al Órgano de Administración Judicial eliminar esos beneficios y homologar el pago por defunción al nivel presidencial.