Los dirigentes de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero, en la que están afiliados los trabajadores de Cananea, solicitaron una vez más la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “ha sido omisa y sigue sin cumplir los compromisos” para resolver la huelga en la mina ubicada en Sonora, que suma más de 18 años en paro.

Advirtieron que ante esta situación, retomarán las movilizaciones en la segunda semana de octubre con la finalidad de exigir justicia laboral para los 657 trabajadores y sus familias, frente a las violaciones por parte de Grupo México.

“Solicitamos una vez más la intervención directa de nuestra presidenta Claudia Sheibaum para asegurar que se logren los acuerdos necesarios y se haga justicia de una vez por todas. Estamos abiertos a un diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo justo”.

Pese a ello, el sindicato señaló que si la situación actual persiste y se continúa postergando la solución, “nos veremos obligados a recurrir a la movilización social para hacer valer nuestros derechos”.

Antonio Navarrete, vocero e integrante de la comisión negociadora con el gobierno federal, acusó de “dilación” a la STPS porque pese a las instrucciones presidenciales de la anterior y la presente administraciones, a la fecha la dependencia no ha presentado una propuesta concreta que atienda las principales demandas de los trabajadores y que resuelva el conflicto.

Indicó que se están realizando mesas de trabajo con el gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Gobernación, pero “no existe un plan puesto para que se ejecute”.

Al reconocer el respaldo y compromiso de la jefa del Ejecutivo, de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la sección 65 del gremio pidió al titular de la STPS, Marath Bolaños, que se acerque a los trabajadores para poder “aterrizar los puntos pendientes” y avanzar en los acuerdos necesarios que exigen los trabajadores.

“Hemos encontrado buenas intenciones, pero no la resolución que merecemos”, subrayó. Una de las principales demandas de los mineros es la restitución del derecho al trabajo y reparación por los daños causados. A ella se añade el pago de las cuotas obrero-patronales que negó la empresa Grupo México bajo el convenio de compraventa de 1989, y que les permitirían contar con una pensión, detalló Navarrete.

En entrevista, el dirigente sindical indicó que la STPS ha actuado “sin empatía con los trabajadores, pero sí con una clara simpatía con el sector empresarial minero”.

“Queremos ser claros: la lentitud, falta de compromiso y evasión de responsabilidades son inadmisibles. Esta no es una simple espera burocrática; es un castigo prolongado para 657 familias que han perdido su patrimonio y dignidad por falta de justicia”, aseveró.