A pesar de que la población desplazada en América Latina y el Caribe se eleva a 20.3 millones de personas, la mayoría con formación académica y experiencia profesional, sólo entre 10 y 20 por ciento logran revalidar sus credenciales educativas, alerta el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc).

En un nuevo informe técnico regional destaca que mientras 43 por ciento de la población mundial tiene acceso a la educación superior, sólo 7 por ciento de los refugiados lo consigue. Sin embargo, en la región esa cifra va de 2 a 12 por ciento, dependiendo del país y del estatus migratorio.

El documento Reconocimiento de cualificaciones de personas refugiadas y desplazadas en América Latina y el Caribe estima que cerca de 18 por ciento de los migrantes tienen educación universitaria, pero sólo 6 por ciento logra convalidar de manera formal de sus estudios.

Distinto contexto

Destaca que si bien en Latinoamérica la mayoría de naciones cuenta con marcos regulatorios para la revalidación de títulos extranjeros, en su mayoría fueron diseñados para contextos migratorios ordinarios, sin considerar las situaciones excepcionales que enfrentan los refugiados y desplazados.

Cita como ejemplo el caso de Venezuela, pues se estima que desde 2015 a la fecha más de 7.7 millones de venezolanos han salido de su país, lo que representa “la mayor crisis migratoria de la historia reciente de la región”, pues se estima que 6.8 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.

El informe destaca que los principales obstáculos que enfrentan para revalidar sus estudios quienes se ven obligados a abandonar su país es la falta de documentación académica formal y verificable, como títulos, certificados de calificaciones o diplomas oficiales.

Otro desafío es la rigidez de los marcos legales nacionales, ante la falta de disposiciones específicas para refugiados o desplazados, que impide a las autoridades competentes aplicar criterios excepcionales, incluso cuando el marco internacional ratificado lo permite.

A ello se suman los costos administrativos excesivos, pues el proceso de reconocimiento académico puede implicar una serie de gastos que para los migrantes o refugiados pueden resultar inasumibles, como la legalización de documentos en el país de origen, certificaciones consulares, traducciones oficializadas y aranceles administrativos universitarios, además de las barreras digitales, lingüísticas y de género.