Representantes de pueblos originarios de Oaxaca, Sonora y Michoacán sostuvieron una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, a quien le pidieron “marcar un nuevo rumbo en la justicia” para las comunidades indígenas, que han sido víctimas de violencia estructural, despojo y desplazamiento forzado.

Agrupados en la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, integrantes de los pueblos mazateco, de Eloxochitlán; chontal, de El Coyul; zapoteco, de Puente Madera, Oaxaca; yaqui, de Sonora y purépecha, de Michoacán, expusieron las problemáticas que durante años han enfrentado en sus territorios, entre ellas la imposición de megaminería, hidroeléctricas, eólicas, gasoductos y parques industriales.

César Cota Tórtola, líder tradicional de la etnia yaqui, señaló que en la audiencia le pidieron el total cumplimiento de las sentencias que han sido ganadas. Mencionó que le plantearon que se reponga la consulta sobre la construcción del acueducto Independencia, como estableció la sentencia que ganaron en 2013.

Asimismo, aseguró que su comunidad defenderá el agua y exigirá su derecho a este recurso, ya que la mayoría “no quiere que se trasvase el agua del río Yaqui al río Sonora”.

En el encuentro, en la sede de la Corte, los pueblos mazatecas y los de El Coyul enfatizaron la necesidad de que la SCJN “utilice toda su infraestructura como órgano máximo de justicia”, para establecer relaciones interinstitucionales con el estado de Oaxaca y “hacer un llamado a la cordura ante los agravios y los excesos” que comete el Poder Judicial local, puntualizó Argelia Betanzos.

La comunidad purépecha solicitó al ministro presidente que se atiendan los juicios de amparo que ya están en el máximotribunal.

Betanzos mencionó que el compromiso de la presidencia de la SCJN fue abrir las vías que se requieran para que sean representados por el Instituto Federal de Defensoría Pública.

“En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas”, coincidieron los representantes.

A su vez, integrantes de la misión civil entregaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja colectiva por la violación a los derechos de los pueblos originarios, entre ellos su libre autodeterminación.

Javier Rodríguez Mejía, abogado del colectivo La Otra Justicia, explicó en conferencia de prensa que la queja es en contra de autoridades federales, pero también de gobiernos estatales y municipales, que han sido “omisos” en respetar el derecho a la vida y autogobierno de los pueblos originarios.