a reforma en materia electoral que presentará la titular del Poder Ejecutivo federal en enero del próximo año es el proceso político más importante del régimen inaugurado en 2018. Tiene mayor importancia que la reciente votación que reformó al Poder Judicial, pues para los futuros comicios se espera que la libertad del voto y el sentido que a éste le dé la voluntad popular se encuentren garantizados por los tres poderes del Estado.
Sin entrar a una discusión con las múltiples reformas y cambios históricos a la legislación de la normatividad electoral, sólo recordemos que de 1918 a 2014 la mayoría de las leyes electorales y los cambios legales aplicados se orientaron a depurar una gran cantidad de reglas para que partidos y candidatos accedieran al poder sin grandes contrariedades para el régimen en turno, especialmente después de la reforma de 1946. Reglas electorales construidas a modo pasaron casi siempre por encima de las oposiciones partidarias reales y la voluntad ciudadana.
Así, hasta hoy, cuando el actual grupo en el poder –que gobierna y ejerce el poder de forma por demás novedosa desde hace siete años– ha reconocido que la legislación electoral mexicana está llena de una serie de técnicas y de procedimientos que condicionan un sistema de competencia y representación que ya “no es congruente con la situación política actual del país”. Es decir, se requiere construir un nuevo tipo de poder gubernamental. Un novedoso sistema político con la participación de todos quienes deseen y tengan interés democrático. Quizá por ello existe gran atención, como demuestran las múltiples propuestas en los foros convocados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Tres rasgos se destacan en esta etapa de construcción de una reforma que animan a participar: 1) no es una oferta terminada: se elaborará a partir de las múltiples propuestas que se hacen ya en los foros y concluirá con un documento que, obviamente, incluirá las sugerencias críticas de consejeros y magistrados de los organismos electorales, de los partidos, de los integrantes del Poder Legislativo y de los expertos en el tema, 2) por eso mismo no es una propuesta negociada entre el partido mayoritario y algún otro instituto político o dirigencia partidista opositora y 3) un gran cambio respecto a décadas pretéritas es que la cuestión electoral deja de ser el juguete preferido del régimen en la formación de la voluntad política del pueblo. Su educación política debe estar libre de toda presión gubernamental.
La gran diferencia con otras épocas es que se pretende entrar a la modernidad política y superar el pasado fraudulento, conservador y derrochador de los comicios. Esto implica tomar una serie de decisiones que vayan más allá de la simple propuesta técnica o administrativa de ajustar todo sólo para beneficio del régimen a través de la normatividad electoral.
En el proceso de construcción de la actual reforma se deberían revisar algunos procesos con impacto en el ejercicio del poder. El respeto a la libertad y voluntad popular se puede garantizar mediante una serie de cambios en cuanto al papel de la ciudadanía, de los partidos políticos y los gobernantes.
Debemos insistir: la modernidad política implica la participación ciudadana en los ejercicios de consulta popular sobre temas electorales. La reforma al artículo 35 constitucional es necesaria para que se elimine la restricción de que la sociedad participe en ese tema; involucrar al ciudadano para que exprese su sentir sobre la inmunidad de funcionarios elegidos por el voto. Es necesario discutir su desaparición, pues más que garantizar la función libre de los legisladores se ha convertido en un privilegio personal para evadir muchas ilegalidades.
Los modelos de escrutinio nunca han sido neutrales en el mundo. México ha conocido diferentes modelos desde que los gobernantes son electos de manera directa, pero sí es necesario acotar que a lo largo de la historia el modelo mayoritario y el de representación proporcional se han modificado sólo a conveniencia del régimen y de las élites partidistas.
Si la mayoría de la población piensa que los legisladores de representación proporcional deben reducirse, desaparecer o mantenerse como una opción para integrar el Congreso General, nada como reformar el artículo 52 de la Constitución y la ley aplicable después de orientarse por la opinión ciudadana obtenida a través de una consulta popular.
*Investigador titular del IISUNAM
