La aplicación de algoritmos ha permitido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectar un patrón de irregularidades en contratos de gobiernos estatales y municipales, y de universidades locales otorgados a empresas con los mismos socios, que comparten el RFC y hasta domicilios, pero concursan con diferentes nombres para simular competencia, y ahí hay colusión, informó el auditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga.

Ahora, los gobiernos y entes públicos estatales “han entendido que la percepción del riesgo es mayor y es más complicado que se porten mal, porque la posibilidad de que nos demos cuenta es más alta que en el pasado”, expuso.

Entrevistado después de su participación del viernes en una mesa de análisis del presupuesto en la Cámara de Diputados, también adelantó su interés en inscribirse en la convocatoria que emitirá la Comisión de Vigilancia en enero de 2026 para elegir al titular de la ASF, en marzo, cuando concluye el primer periodo de David Colmenares Páramo.

En el contexto de una iniciativa que presentó Morena para prohibir la relección del auditor superior, Barriga destacó que, como funcionario, no tiene ninguna prohibición constitucional o legal para contender. “Cuando se emita la convocatoria tomaré una decisión definitiva de lo que sigue y los términos en que eventualmente participaré. Por lo pronto me interesa concurrir, estoy en mi derecho”.

El viernes presentó a los diputados un informe de cómo la auditoría de Gasto Federalizado aumentó de 250 a mil 69 los municipios revisados en el ejercicio de los fondos federales, así como a todas las universidades estatales, que “estaban en una zona de confort, y las escuelas de educación superior tecnológicas, politécnicas e interculturales; los colegios de bachilleres eran un sector que jamás fue auditado”.

La supervisión pasó de la confronta de documentos de papel en las oficinas de los gobiernos a los archivos electrónicos, al obligar a los 6 mil entes públicos locales a subirlos a la plataforma de la ASF. Eso permitió, dijo, auditar a los 32 gobiernos estatales y, por primera vez, todos los fondos federales, y “se logró erradicar la discrecionalidad” en la selección y aplicación de las revisiones. “No hay criterio político; el criterio es la universalidad”, indicó.

En la base de datos, la ASF tiene también la lista negra de las factureras reportadas por el SAT “y pedimos a los algoritmos identificar si los RFC tuvieron alguna relación comercial con municipios, universidades, gobiernos estatales. Si hay contratos, son sujetos de una auditoría específica”, apuntó.

Otro foco amarillo detectado con el algoritmo son empresas de nueva creación, a las que se entregan contratos incluso un día antes de la firma. “En estos cruces de grandes bases de datos también hemos encontrado a funcionarios que son socios de empresas contratadas por gobiernos donde ellos trabajan”.