Advierte Fox que no aceptará una ''transición transada''

Ť Encabezó la ceremonia por el 85 aniversario de la Constitución

ALONSO URRUTIA Y JUAN MANUEL VENEGAS

Con la aceptación de que poco se ha avanzado en la reforma del Estado y la revisión integral de la Constitución ?a la que convocó hace un año?, el presidente Vicente Fox Quesada definió posiciones: ''Buscamos aliados de la transición, pero no aceptaremos una transición transada, ni apoyos al gobierno a cambio de un olvido selectivo del pasado''. Y advirtió que el ''espíritu de reconciliación'' que lo ''mueve'' en el ejercicio del poder, no implica ''contubernio con la impunidad''.

En el mensaje que dirigió ayer, con motivo del 85 aniversario de la promulgación de la Constitución, por primera vez, desde que se destapó el caso de la mala administración en Pemex ?que incluye presuntos desvíos de recursos al PRI?, el mandatario subrayó: ''Atribuir a la lucha contra la corrupción en Petróleos Mexicanos una estrategia para ocultar su venta, ¡es absurdo!''.

Los ''riesgos''

Con tal rechazo, reiteró sus pretensiones de reformar el marco legal que regula el sector energético nacional, bajo la advertencia de que ''no hacerlo significa poner en riesgo a esas empresas (Pemex y la Comisión Federal de Electricidad) que son patrimonio de la nación''. Para Fox, la no aprobación de esta reforma colocará en una situación de crisis ''la seguridad energética del país y sus perspectivas de desarrollo''.

Testigos del pronunciamiento presidencial fueron los integrantes del gabinete legal y ampliado, gobernadores y jefe de Gobierno de la ciudad de México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los presidentes en turno de las cámaras de Senadores y de Diputados, todos reunidos en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en donde por segundo año consecutivo ?y contra la costumbre impuesta por los mandatarios surgidos del PRI? se llevó a cabo la ceremonia de homenaje al Constituyente de 1917.

Ante ellos, el Presidente fijó otras de sus prioridades a corto plazo, implícita la convocatoria al resto de las fuerzas políticas: la reforma constitucional que permita la relección de los integrantes del Poder Legislativo; la reforma laboral; la ley de transparencia y acceso a la información, y la ''restructuración'' del marco legal que ''armonice'' la procuración y administración de la justicia.

Todos son temas de la todavía pendiente reforma del Estado que, de acuerdo con el Presidente de la República, tiene ''un piso firme'' en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que todos los partidos y el Ejecutivo federal suscribieron el 7 de octubre del año pasado.

Ahora sólo falta avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos plasmados en ese texto que, recordó Fox, ''ha sido ya refrendado por el Legislativo, por los gobernadores de todos los estados y por las asociaciones que representan a todos los municipios del país''.

La presentación de todo este mosaico del espectro político nacional conllevó la convocatoria central del mandatario: ''Más allá de la coyuntura, ¡retomemos los grandes temas! La coincidencia en los temas fundamentales es nuestra principal fortaleza como nación. Con confianza, abordemos el gran reto que el país nos impone''.

Al término del acto, Fox tuvo un encuentro con su gabinete, que se prolongó más de dos horas.

Por considerarlo oportuno, a continuación se transcribe el texto íntegro del mensaje presidencial.

Discurso por el 85 aniversario de la Constitución

Diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; senador Diego Fernández de Cevallos, presidente de la Cámara de Senadores; ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores gobernadores y jefe del Gobierno del Distrito Federal; miembros del gabinete; señoras y señores:

Estamos reunidos aquí para conmemorar un acontecimiento fundador del México moderno: la promulgación de la Constitución de 1917. La fisonomía actual de nuestro país es reflejo de ese ordenamiento jurídico, cuyo 85 aniversario festejamos el día de hoy.

Después de más de ocho décadas de maduración, de cambios no sólo en nuestras leyes, sino también en el país mismo, hoy podemos afirmar que las instituciones que establece la Constitución están plenamente vigentes. La vitalidad de las instituciones y de las prácticas democráticas es, sin duda, la consecuencia más inmediata y directa de nuestra transición a la democracia.

Los mexicanos y mexicanas logramos finalmente tener elecciones limpias y competidas. A ese hecho le han seguido, y le seguirán, cambios de enorme trascendencia. Caminamos hacia una gobernabilidad distinta. De manera gradual, con estabilidad, estamos reformando nuestras instituciones y transformando la mentalidad con la que se ejerce el poder público. Hemos ganado en libertad y respeto a los derechos humanos; en transparencia y honestidad en el servicio público.

Un hecho notorio de este cambio político en México es, precisamente, la vitalidad con la que el Congreso pluripartidista cumple hoy su función. Es evidente que la división de poderes es ejercicio cotidiano de la función del gobierno.

El Poder Judicial de la Federación garantiza, por su parte, la eficacia en el cumplimiento de nuestras leyes. Es ejemplar la responsabilidad con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido su papel como tribunal constitucional. Sus resoluciones acreditan un nuevo México. Actualmente, no hay asunto que nuestro máximo órgano jurisdiccional no discuta y resuelva con absoluta independencia.

El cambio democrático ha creado las condiciones indispensables para que los órganos autónomos cuenten con la seguridad de que nada amenaza su autonomía.

El Instituto Federal Electoral organiza los comicios con independencia irrestricta y fiscaliza la actuación de los partidos con un cuidado sin precedentes. El Banco de México ejerce con eficiencia su responsabilidad de garantizar la estabilidad económica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos revisa el pasado y, con autoridad, exige al Estado mexicano desterrar para siempre la arbitrariedad y la impunidad.

Los tres órdenes de gobierno conviven y colaboran diariamente en las funciones públicas de manera soberana y libre, ejerciendo el mandato que los ciudadanos les otorgaron en las urnas. Los derechos políticos y la libertad de expresión, por los que tanto hemos luchado los mexicanos y las mexicanas de varias generaciones, también adquieren vida plena y se consolidan como un patrimonio irrenunciable de los ciudadanos.

A pesar de estos avances, sabemos que no están ocurriendo todos los cambios que el país requiere para ponerse al día. Existe continuidad en las estructuras jurídicas fundamentales del Estado, conducidas ahora bajo una concepción distinta del poder público. No hay un nuevo encuadramiento jurídico para la realidad que hoy vive el país. La correlación de fuerzas políticas ha favorecido algunas reformas, pero no ha sido propicia aún para una transformación de fondo de las estructuras y el funcionamiento del Estado mexicano.

Sociedad, partidos y gobierno aprendimos ya las virtudes de una reforma gradual y cuidadosamente acordada. Avancemos ahora en el proceso de cambio, sin olvidar que cualquier intento por reformar al Estado que se origine en la prisa, la unilateralidad o la imposición estará, en definitiva, destinado al fracaso. Vale la pena subrayarlo: las transformaciones en curso se llevarán a cabo en el marco de las leyes y de las instituciones de la República, no fuera de ellas. Por eso, hemos planteado la reforma del Estado y la revisión integral de la Constitución, a partir de los procedimientos que ella establece.

Dicha reforma tiene el objetivo de sustentar de manera más firme la vigencia del derecho, así como elevar la calidad del entramado institucional. La actualización de nuestra Carta Magna será un paso fundamental para poner al país al día en los ámbitos político, económico y social. No obstante que no nos acompaña la premura, debemos reconocer que el inicio de esta tarea no puede esperar. A pesar del delicado equilibrio de fuerzas políticas del presente, debemos alumbrar, sin intereses mezquinos ni evaluaciones apresuradas, el camino que nos conduzca a una democracia consolidada y en toda la extensión de la palabra.

Debemos dar un nuevo impulso a la convocatoria de la reforma del Estado, integrando las coincidencias que nos lleven a la construcción de un sistema político y un Estado de derecho vigorosos y justos. Hoy debemos sentar las bases de una democracia cada vez más fuerte, y enfrentar así el reto cardinal de nuestro tiempo: la consolidación de la democracia y de un gobierno eficaz. La sociedad no sólo quiere democracia: exige también resultados.

Antes, toda decisión relevante dependía del Presidente de la República, apoyado en un sistema que concentraba la representación política nacional en su partido. Hoy el imperativo es consolidar el tránsito a un sistema en el que todo poder está subordinado a la norma jurídica y en el que la representación política recae sobre varios partidos políticos. Ninguna transición política verdadera reasume simplemente la legalidad formal que la precedió. Todas crean las condiciones para que emerja un sistema político diferente. Y este ámbito histórico distinto que estamos viviendo, señalado por la voluntad de cambio del pueblo mexicano, requiere traducirse en modificaciones constitucionales.

Por ello, hace un año, en esta misma celebración, hice un llamado a la sociedad para discutir de manera amplia, abierta, democrática, la pertinencia de revisar y, en su caso, actualizar nuestro marco constitucional. El objetivo es adoptar plenamente las instituciones democráticas y adaptar plenamente nuestras instituciones a la democracia. Este llamado fue entendido por algunos como el intento por desconocer la Constitución vigente y sustituirla por otra, a pesar del énfasis que pusimos en subrayar que no pretendía anular la validez y vigencia del texto constitucional que hoy nos rige; a pesar, también, del reconocimiento que hicimos de sus principios rectores.

El Ejecutivo a mi cargo quiere fijar con toda claridad su respeto a la Constitución vigente y a los principios que la inspiran y que definen los rasgos esenciales de la sociedad y del Estado mexicano. Ratificamos una vez más nuestro compromiso con los derechos individuales, la libertad en todas sus manifestaciones, el carácter laico del Estado y de la educación, la gratuidad de ésta, el federalismo republicano, la división de poderes, la defensa de los derechos sociales y el respeto a la diversidad cultural y étnica.

Con el ánimo de avanzar en el debate sobre la necesidad de actualizar nuestro marco constitucional, y dando seguimiento puntual a mi instrucción, el secretario de Gobernación coordinó las actividades que correspondían al Poder Ejecutivo en este trascendental proceso, en comunicación permanente y estrecha con el Congreso de la Unión. Trabajamos en esta tarea con la convicción de que no podía ser sólo una iniciativa del gobierno, sino que era también indispensable la participación de todos los sectores interesados de la sociedad.

En el marco de dicha convocatoria, en el año 2001 se realizaron nueve foros en los que se propuso la modificación de 75 artículos constitucionales. En este contexto, cabe resaltar también que la Cámara de Diputados ha formado una comisión especial para la reforma del Estado, y que los diputados y senadores de la actual Legislatura han presentado más de 140 iniciativas de reforma a la Constitución, las cuales merecen la más alta consideración por parte de mi gobierno.

El tiempo de la democracia es el tiempo de la reconciliación. Para hacer avanzar nuestro proceso de consolidación democrática hay que dialogar. Por ello, buscamos una relación estable, funcional, equilibrada, de apoyo y respeto mutuo con todas las fuerzas políticas. Buscamos aliados de la transición, pero no aceptaremos una transición transada, ni apoyos al gobierno, a cambio de un olvido selectivo del pasado.

El nuevo rumbo del país exige una conducta pública con un claro sentido ético. Nos mueve un espíritu de reconciliación, mas no de contubernio con la impunidad. La impunidad no encuadra en la lógica de la democracia. Para el gobierno, el combate a la corrupción no es un forcejeo entre intereses políticos; demanda el mayor de los respetos a la majestad de la ley. Por ello, la legalidad que defendemos no fabricará ni solapará culpables. En cualquier caso, deslindaremos siempre las responsabilidades personales de la responsabilidad de las instituciones.

La vitalidad de las instituciones constitucionales y de las prácticas democráticas es elemento del gran cambio que hoy vivimos, pero no basta. La democracia no significa, como algunos falsamente creen, debilitar a alguno de los órganos del Estado para ventaja del otro. La democracia, por el contrario, conlleva el robustecimiento compartido de los poderes de la Unión y de las diversas instancias de gobierno, en un trabajo de mutuo respeto y colaboración.

La vigencia plena del sistema institucional que la alternancia trajo consigo hace indispensable mejorar las relaciones entre los poderes, a fin de facilitar su colaboración en tareas que son de la mayor importancia para las y los mexicanos. En ese ámbito se encuentra la elaboración del Presupuesto, que se construye con la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Experiencias recientes muestran, por ejemplo, la necesidad de superar el drama anual de la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ambos instrumentos deben tener una visión integral y, desde luego, contar con mecanismos claros para que la vida institucional no se detenga si no son aprobados en el tiempo y forma previstos por la Norma Fundamental.

Más allá de la coyuntura, retomemos los grandes temas. Discutamos seriamente la reelección de los integrantes del Poder Legislativo, con el fin de que los electores profundicen su vínculo con sus representantes y se consolide de manera más vigorosa la carrera parlamentaria. Resolvamos la reelección de miembros de los ayuntamientos para que la administración local sirva con eficacia a la población.

Hoy más que nunca es inaplazable la unidad y coordinación de acciones de todas las policías, de las procuradurías, de todas las autoridades a nivel municipal, estatal y federal para acabar con la delincuencia. Tenemos que reestructurar nuestro sistema de leyes con el fin de armonizar este esfuerzo y revisar la legislación para que el Ministerio Publico, las policías y los jueces aseguren las garantías individuales.

Requerimos también de un sistema de partidos sólido y competitivo, capaz de asimilar los crecientes niveles de participación ciudadana. Vemos con interés los procesos internos de los partidos políticos, pero la posición del gobierno federal hacia los mismos ha sido y seguirá siendo de respeto absoluto.

Afiancemos el sistema jurídico mexicano, la transparencia y la rendición de cuentas. Facilitemos la participación ciudadana en las decisiones cruciales del país. Abramos paso a la iniciativa popular y al referendo.

Sin embargo, no sólo debemos revisar el funcionamiento de los órganos del Estado; también debemos analizar aspectos clave de nuestro derecho económico, para permitir el desarrollo pleno de nuestra economía.

Reafirmamos nuestra convicción en el dominio de la nación sobre los recursos naturales, el subsuelo y la generación y aprovechamiento de energía en sus diferentes formas, así como el carácter público, estratégico y prioritario de las industrias petrolera y de electricidad. Sobre esa base, hagamos posible su desarrollo. Permitamos que obtengan recursos para investigar, para explorar, modernizar su tecnología y aprovechar sus riquezas. No hacerlo es poner en riesgo a esas empresas, patrimonio de la nación.

Reitero lo que he dicho: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad seguirán siendo patrimonio de la nación. Atribuir a la lucha contra la corrupción en Pemex una estrategia para ocultar su venta es absurdo. No abandonaremos la rectoría ni la regulación del Estado en materia de energía. Queremos que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro sean empresas paraestatales modelo en el mundo, por su alta productividad, su organización y administración ejemplares.

Queremos organizar un mercado eléctrico competitivo y sustentado en las más altas tecnologías; que responda a las necesidades de nuestra economía. Con este fin, debemos acordar una reforma que nos permita garantizar el suministro de energía en los próximos años, con la mayor eficiencia y a precios competitivos. En un marco de regulaciones adecuadas y precisas, la inversión privada puede complementar el esfuerzo público. Afirmemos la soberanía en materia de energía; discutamos y aprobemos una reforma que nos dé seguridad energética y perspectivas de desarrollo.

Es necesario también discutir una reforma laboral, garantizando la vigencia y el respeto a las conquistas sociales logradas por los sindicatos y las asociaciones gremiales, así como la permanencia de las fuentes de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores. En esta materia, debemos generar los consensos para actualizar la legislación laboral, a fin de incrementar la productividad y la eficiencia, y superar el corporativismo, el clientelismo y la coacción sobre los trabajadores.

Reconociendo el respeto irrestricto a las libertades individuales y ciudadanas, es conveniente que se discuta una ley que garantice el acceso público a todo tipo de información, salvo a aquélla considerada como de seguridad nacional o que pueda violentar legítimos derechos de terceros. Esa convicción me motivó a presentar la Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El Ejecutivo seguirá trabajando estrechamente con el Congreso para fortalecer y modernizar la estructura del sistema tributario mexicano. Necesitamos una hacienda pública moderna, distributiva y suficiente para la transformación que el país requiere; para crecer sólidamente y dar respuesta puntual a las demandas sociales, sobre todo a las de quienes menos tienen.

En el ámbito internacional, México desea contribuir al desarrollo del conjunto de las naciones. La comunidad internacional ha demostrado su confianza en México al haber elegido a nuestro país miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, para el periodo 2002-2003. Desde esa posición, México trabajará en forma constructiva y responsable a favor del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Nuestro propósito es que la participación de México en el Consejo de Seguridad permita que las voces de los países que generalmente no se escuchan en el escenario internacional adquieran una nueva resonancia.

Requerimos una Constitución actualizada y generadora de certeza; nutrida de la experiencia nacional y que sea la expresión de un México que cambia, para que las aspiraciones de la ciudadanía se reflejen en las acciones de los gobernantes. Los vientos democráticos que estamos viviendo tienen que cumplir una función de renovación de nuestra vida pública, sustentada en el debate amplio y libre. Por ello, la reforma del Estado tiene un piso firme en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, suscrito en octubre pasado por el gobierno de la República y los partidos políticos nacionales.

Ha sido ya refrendado ?con un patriótico sentido de responsabilidad?, por el Poder Legislativo, por gobernadores de las entidades federativas, por las asociaciones que representan a todos los municipios del país y por más de veinte agrupaciones políticas nacionales. Hoy, más que nunca, las fuerzas políticas y representaciones sociales podemos discrepar en aspectos puntuales de la agenda nacional, pero la coincidencia en los temas fundamentales es nuestra principal fortaleza como nación.

A lo largo de este año, los poderes Ejecutivo y Legislativo han realizado consultas y han trabajado en comisiones para reunir los elementos que permitan una discusión ordenada y fructífera de la reforma del Estado. Los partidos políticos realizan los procesos internos que les permitirán fijar sus posiciones al respecto. Concluidas estas fases, las fuerzas políticas que han concurrido al Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional deben discutir sus posiciones específicas, sustantivas, sobre cada uno de los temas que conforman la agenda de la reforma del Estado.

Mexicanas y mexicanos: Al resaltar algunos de los grandes temas que tenemos por delante para actualizar nuestra Constitución, reitero las propuestas que formulé hace un año. Ratifico también mi compromiso con sus decisiones políticas fundamentales y la necesidad de impulsar las reformas que requiere, con el fin de que siga siendo orientación y guía en la conducción del país.

Reitero la convocatoria para avanzar en la reforma del Estado. Debemos proceder a una revisión integral de nuestra Constitución; una revisión que nos permita derogar normas obsoletas, evitar contradicciones, transferir disposiciones que corresponden al nivel legal o reglamentario y fortalecer la operación de nuestros poderes y la vida democrática.

Las y los mexicanos hemos aprendido ya de las virtudes del diálogo constructivo, honesto, transparente y patriótico. Con esa confianza, abordemos este gran reto que la nación nos impone.

Muchas gracias.