Ť Exige el cese de represión contra grupos campesinos

Pide CNI a la Corte declare ilegal la reforma indígena

Ť La asamblea apoya la lucha de los ejidatarios de Atenco

Ť Demanda el esclarecimiento del asesinato de Taboada

ROSA ROJAS

La asamblea del Congreso Nacional Indígena regional Centro-Pacífico determinó ayer entregar una solicitud a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declaren inconstitucionales las reformas en materia indígena, contra las cuales se han inconformado cientos de comunidades y municipios por no responder a los acuerdos de San Andrés e incumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Otros acuerdos fueron demandar el esclarecimiento del asesinato del representante de bienes comunales de Villa Milpa Alta, Ramiro Taboada; cese de la represión contra el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y otras organizaciones sociales, contra cuyos dirigentes existen cerca de 300 órdenes de aprehensión, y hacer una declaración pública contra la construcción del aeropuerto en Texcoco y en apoyo a la lucha de los ejidatarios de Atenco.

Se decidió apoyar la lucha del ejido San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, estado de México, en defensa de sus aguas, así como a la comunidad mazahua de Pueblo Nuevo, estado de México, que se opone al cumplimiento de un decreto que en forma autoritaria y sin consulta le cambió de adscripción, del municipio San Felipe del Progreso al de San José del Rincón. Se acordó también buscar la derogación de un decreto del Ejecutivo federal de 1990 que prohíbe el uso de diversas plantas medicinales.

La asamblea se efectuó en la comunidad indígena de Milpa Alta, Distrito Federal, con la asistencia de más de 80 representantes de comunidades y organizaciones indígenas de Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro y Colima. La próxima se realizará el 4 de mayo en Xoxocotla, Morelos.

Durante los trabajos del CNI se denunció que existe una fuerte agresión económica contra las comunidades indígenas; en la Huasteca potosina, por ejemplo, los coyotes pagan la tonelada de naranja a 200 pesos, cuando sólo para el corte se pagan 100 pesos por tonelada, y café, plátano, mango y tamarindo se pudren y nadie se los compra. Esto ha obligado a emigrar a 30 por ciento de la población y creado las condiciones para que se dé un estallido social, se dijo.

Se planteó asimismo la necesidad de reforzar la lucha por la tierra, dado que las modificaciones salinistas al artículo 27 constitucional han permitido que se fragmente la tierra, que se está vendiendo ante la crisis por la que atraviesan los campesinos, de lo cual se aprovechan caciques y fraccionadores, como en Morelos.

Se subrayó la necesidad de que haya formación política que genere formas de organización acordes con la tradición comunitaria indígena, consolidando las autonomías que se están ejerciendo en diversas regiones del país.

Indígenas de Misión Chichimeca, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, denunciaron el acoso que hay contra su comunidad por parte de instituciones de gobierno. Buscan recuperar su tierra pero no han podido encontrar sus títulos virreinales, por lo que promoverán un juicio de jurisdicción voluntaria, ya que mantienen la posesión desde tiempo inmemorial. La asamblea del CNI acordó asistir al 450 aniversario de la firma de la paz en la comunidad chichimeca.

Los participantes en la asamblea del CNI compartieron posteriormente la celebración, con cientos de comuneros de los nueve pueblos de Milpa Alta, del 27 aniversario del reinicio de la lucha por la tierra comunal, en la finca Nepanapa, situada en pleno bosque, casi en los límites con Morelos y el estado de México.

Ahí se rindió homenaje a Ramiro Taboada, quien fue uno de los animadores de esa lucha y uno de los tres enlaces del CNI con la comandancia del EZLN durante la marcha de la dignidad indígena realizada el año pasado.

Se subrayó que Milpa Alta no cejará en la lucha por recuperar sus tierras comunales y se informó que se metió un recurso de revisión en contra del fallo del magistrado agrario, contrario a la comunidad, que repite el de 1952.

Se destacaron los fallos recientes de ministros de la Suprema Corte en relación con la investigación de la matanza de 1968 y la constitucionalidad de la ley Robles sobre el aborto, señalando que "son avances en las luchas democráticas de nuestros pueblos".

María de Jesús Patricio, a nombre del CNI, reiteró al gobierno federal la exigencia de que cumpla los acuerdos de San Andrés firmados el 16 de febrero de 1996, mediante los cuales, dijo, el gobierno federal empeñó su palabra con los pueblos indios. "Pedimos a la SCJN que anule la ley Bartlett-Fernández de Cevallos-Ortega porque los pueblos indios planteamos que se cumpla la ley Cocopa", apuntó.