La privatización de calles atenta contra la ciudad: urbanistas

BERTHA TERESA RAMIREZ

Los ciudadanos deben denunciar sin titubeos la práctica ilícita de privatizar las calles, ya que atenta contra el derecho de libre tránsito y transforma la vía pública en espacio de privilegio, señalan integrantes del Taller de Diseño de Espacialidades Habitables (TDEH), de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

En carta enviada a este diario, el arquitecto Héctor García Olvera advierte que tolerar el cierre de calles, así como la restricción de la vialidad para el uso exclusivo de unas cuantas familias, por medio de rejas, murallas, topes, barreras, alambrados electrocutados, vallas con púas, plumas o señalamientos en clave "es algo jurídicamente inaceptable".

Propone hacer entender a las autoridades que esa práctica "pone de manifiesto su incapacidad para resolver ilícitos como el robo y la violencia en los espacios públicos, problemas objetivamente ciertos, que sin embargo se pretenden evitar perpetrando otro ilícito, como es la privatización" de calles.

Olvera García, junto con los arquitectos Miguel Hierro, Friedrich Bollnow, Henri Poincare y Giulio C. Argan, integrantes del TDEH, manifiesta que la apropiación de la vía pública equivale al despojo del derecho de los ciudadanos que han contribuido con el pago de sus impuestos para la producción de ese bien público que es la calle, "la espacialidad de todos".

Con la privatización ilícita del espacio público, "lo único que realmente se está logrando es el resquebrajamiento de la ciudad, su escisión y el consecuente deterioro irreversible del comportamiento altruista de la vecindad", señala.

Además, esa práctica genera "una indeseable segmentación de la espacialidad social, la disolución de todo principio de convivencia ciudadana, y cultiva entre la ciudadanía, con perversidad, indeseables procesos de segregación y discriminación social", agrega.

El equipo de arquitectos considera que "si todos los ciudadanos deciden cerrar su propia calle, evidentemente se pondría en alto riesgo el desempeño de la ciudad; de toda forma de vida económica, social y hasta política; creemos que si esto aconteciera en nuestra ciudad, obviamente se paralizaría y probablemente moriría".

El especialista rechaza que la privatización de las calles constituya una vía de solución al problema de la inseguridad y la delincuencia urbanas, "y que se quiera justificar la privatización de las calles como una manera de manejar la seguridad por parte de los propios ciudadanos, pues esta es una obligación incuestionable de las autoridades".

Tolerar que se cierre el acceso a las calles "es tanto como tolerar la posibilidad de que cualquier persona se haga justicia por sí misma y ejerza violencia para reclamar sus derechos", concluye.