Iniciativa panista omite considerarla por temor a que los afectados se amparen
Continuará la venta de bebidas alcohólicas en estadios
RAUL LLANOS SAMANIEGO
En la iniciativa de ley para terminar con la violencia en los estadios de futbol, que discutirá y aprobará en estos días la Asamblea Legislativa, se decidió no meterse con las empresas cerveceras, con el argumento de que se ampararían los afectados y echaría atrás estos esfuerzos.
En su iniciativa de reformas a la Ley de Espectáculos Públicos, el diputado panista Ernesto Herrera Tovar propone sanciones más drásticas para quienes alteren el orden en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas y acudan más de 15 mil personas.
Plantea incrementar las multas hasta 733 por ciento, y el arresto administrativo pasarlo de 36 a 48 horas inconmutables, siendo que el artículo 21 de la Constitución señala que el máximo de un arresto administrativo será de 36 horas, según precisa la directora general de Juzgados Cívicos, María de los Angeles Correa de Lucio.
Arturo Lomelí, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (Amedec), quien expresó que con la determinación de no restringir la venta de cerveza en los estadios se sigue fomentando la violencia y continuarán siendo las cantinas más grandes del mundo. Aunque no se conocen las cifras exactas de la venta de alcohol en esos lugares, es un hecho que reportan ganancias millonarias, destacó.
Herrera Tovar comentó que será en el reglamento de dicha ley donde se incluiría todo lo relacionado con el control de la cerveza, tal como permitir su venta en un juego de futbol en el momento en que el árbitro pite, y se deje de ofertar 20 minutos antes de que acabe; también no permitir que en los locales aledaños se expenda durante el tiempo que dure el encuentro.
Cuerpos de seguridad y sanciones
De acuerdo con el proyecto de reformas y adiciones del panista, que podría presentarlo mañana al pleno, se propone la creación de una fuerza de seguridad en el deporte que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública y atendería exclusivamente la problemática relacionada con ese ámbito.
Estos elementos, que podrían ser de 300 a 500, tendrían facultad para vigilar el interior y exterior de los estadios, montar operativos destinados a retirar del interior de los inmuebles todo tipo de objetos que pudieran utilizarse en caso de agresión y violencia, tales como tubos, palos, piedras, botellas, cohetes; separar a las porras y grupos de animación de los equipos contendientes; "retirar del estadio a quienes alteren el orden público, "profieran insultos de manera reiterada" o lancen objetos a la cancha.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal estaría obligada a instalar en las inmediaciones de los accesos de los estadios una agencia móvil del Ministerio Público, además de que se crearía una Comisión de Seguridad de Espectáculos Deportivos Profesionales, que la integrarían autoridades del sector central. También se incluiye el "derecho de admisión", de manera que los encargados de los estadios impidan el acceso a espectadores que se presenten en estado inconveniente, aun cuando tengan boleto de acceso.