Miembros de las Bases de Operaciones Mixtas hicieron disparos en Masojá Shucjá
Denuncian hostigamiento policiaco militar en Tila
JUAN BALBOA Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES
San Cristobal de las Casas, Chis., 25 de junio. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía de Seguridad Pública del estado realizaron disparos en la comunidad de Masojá Shucjá, en el municipio de Tila, provocando temor entre sus habitantes, la mayoría de ellos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció acciones de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por policías y militares que hostigan y atemorizan a la poblaciones del norte de Chiapas.
La organización no gubernamental (ONG), integrada por indígenas, aseguró que el pasado sábado por la tarde se realizaron disparos de metralleta a 300 metros de Masojá Shucjá desde dos vehículos del Ejército Mexicano, uno de Seguridad Pública del estado con número SP056 y una camioneta Chevrolet blanca sin placas, y después abrieron fuego dentro del poblado.
"Después de los disparos, la gente de la comunidad recogió dos casquillos en el puente y uno más en la comunidad; 30 minutos más tarde, los policías y militares regresaron y bajaron del vehículo.
"Un militar que se identificó como primer capitán Vicente Ambriz Ronces, y el licenciado Luis Enrique Caballero, agente del Ministerio Público del estado, dijeron que llegaron para investigar lo que había pasado y en primera instancia se deslindaron de los disparos", agregaron.
Según la información de la ONG, los habitantes se agruparon alrededor de los militares y policías para evitar alguna agresión. Varios de los habitantes recriminaron a los soldados haber disparado en la comunidad y les informaron que pondrían una denuncia. Los militares y policías aceptaron que ellos fueron -"cazábamos una iguana", dijeron- y se disculparon.
Las explicaciones de los militares y del Ministerio Público de Chiapas indignaron a la población de Masojá Shucjá, misma que durante tres años (1995-1997) sufrió la violencia de los paramilitares.
Los patrullajes y los disparos desconciertan a los pobladores, pues aseguran que el gobierno del estado "insiste en llevar a cabo un proceso de reconciliación", mientras que en las comunidades indígenas las actividades militares aumentan.
La ONG exigió a las autoridades competentes la desaparición de las BOM, "creadas como medida contrainsurgente", porque afectan a toda la población civil que habita las comunidades indígenas.
Capacitación estadunidense a policías
En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, diplomáticos de Estados Unidos iniciaron la capacitación de policías estatales y federales para la detección de armas de fuego.
El personal de la Secretaría de Seguridad Pública tomó un taller sobre tráfico, localización y rastreo de armas de fuego, impartido por agregados de la Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de la embajada de Estados Unidos.
En el curso participaron las policías Sectorial, de Caminos, de Tránsito y Auxiliar, así como miembros de la Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR.
La secretaría explicó que fueron José J. Ballesteros y Elías Bazán, agregados de la ATF en la embajada estadunidense, quienes capacitaron al personal operativo. Durante el último año efectivos policiacos en la entidad han recibido capacitación por parte de policías franceses.
Amparo a ex funcionario de Albores acusado de motín y rebelión
Un juez federal otorgó a Werclaín Ramos Aguilar, ex director de Seguridad Pública del estado, un amparo contra la orden de aprehensión girada por los delitos de rebelión y motín, derivada del movimiento que encabezó dentro de la Secretaría de Seguridad, en septiembre pasado, para destituir a su titular, Mauricio Gándara.
Según el amparo 444/2002, publicado en el juzgado primero de distrito, el ex funcionario del gobierno de Roberto Albores no podrá ser aprehendido por estos delitos, no así por el de privación ilegal de la libertad, que también le fue fincado cuando personal a su mando ingresó al cuartel general de la Policía Sectorial y la tomó, reteniendo en su interior al personal que se negó a unirse a su demanda. Por estos hechos actualmente se encuentran presos en el penal de Cerro Hueco al menos 30 ex policías más.