En Sinaloa para la CNC
Piden al gobierno informe de descuentos a campesinos
JAVIER VALDEZ CORRESPONSAL
Culiacan, Sin., 13 de julio. El Congreso local solicitó a la secretaría de Administración y Finanzas del estado informes sobre el convenio en que se basa para descontar a productores agrícolas cuotas de la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC).
El documento de solicitud fue dirigido al tesorero estatal Oscar Lara Aréchiga y firmado por el presidente de la Comisión de Concertación Política de la 57 Legislatura local, Jesús Alberto Aguilar Padilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 2 de julio pasado el diputado panista Arturo Sánchez Sainz denunció ante el pleno legislativo que los centros receptores de cosechas descontaban a través del impuesto predial rústico la cuota de la CNC.
Al monto del cobro del impuesto se descuenta 12.5 por ciento a los productores agrícolas de todo el estado, aunque en muchos de los casos no pertenezcan a esta organización ni al PRI, sostuvo.
Sánchez Sainz propuso un punto de acuerdo para que se solicite a la administración gubernamental informes sobre el convenio o sustento legal en el que se basa para aplicar este descuento a favor de un partido.
Esta medida es irregular y partidista, además de que a muchos productores ni se les consultó sobre el pago de cuotas por esta vía, ya que no pertenecen a este partido, comentó.
En un oficio enviado al gobernador Juan Millán, ejidatarios de El Carrizo, Ahome, le solicitaron hiciera las gestiones para que les dejaran de descontar esta cuota, la cual es gravosa para los de por sí deteriorados ingresos.
"Nos informe en qué convenios se basa para la retención de cuotas que se cobra a los productores agrícolas para destinarlas a las organizaciones a las que pertenecen", se expresa en el oficio 283 enviado a Lara Aréchiga.
Sin embargo en el documento no se hace alusión a la CNC ni a la Liga de Comunidades Agrarias, a pesar de que según la denuncia del legislador panista, es la única que aplica estos descuentos a través del gobierno estatal, lo que fue calificado como ilegal y partidista.