Familiares se inconforman porque el juez que los encausó es parte del tribunal

Sentencian a 39 y 38 años a culpables de un fraude por $8.7 millones contra el TSJ poblano

Olga Alcántara robó sellos que ocupó para simular que su ex esposo depositaba pensión

LA JORNADA DE ORIENTE

Puebla, Pue., 13 de julio. A 14 meses de que el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) descubriera el fraude en su contra por 8.7 millones de pesos, el juez octavo de defensa social, Fernando Martínez Espinosa, dictó sentencia a seis de los ocho detenidos por los delitos de fraude genérico en grado de tentativa, falsificación de sellos y asociación delictuosa.

Por su parte, el procurador de Justicia del estado, Héctor Maldonado Villagómez, dio a conocer que están por cumplir las órdenes de aprehensión pendientes sobre el resto de los involucrados.

Olga Alcántara Corona, principal responsable del fraude contra el Poder Judicial estatal, fue sentenciada a 39 años de prisión y a pagar 3 mil 335 días de salario mínimo. Mientras que su esposo, José Antonio Vigil Escalera, fue condenado a 38 años, 3 meses y 15 días de cárcel; así como a 2 mil 995 días de salario mínimo.

El resto de los involucrados también fueron declarados culpables. Jorge Ar-mando Castillo Herrera fue sentenciado a 32 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como a pagar 2 mil 445 días de salario mínimo; Claudia Peña Zárate a 26 años y 5 meses de cárcel y a una multa de 2 mil 30 días de salario mínimo; Giovanni Barahona Tejeda estará preso 32 años, 10 meses y 15 días y pagará 2 mil 445 días de salario mínimo; en tanto, Berenice Tamara Cisneros Navarro recibió una pena de 29 años y 6 meses.

Familiares de Claudia Peña manifestaron su inconformidad porque una de las inconsistencias del caso es que el juez de defensa social es parte del TSJ; "no se puede ni de debe ser juez y parte; por eso los declaró a todos culpables".

Agregaron que al promover el amparo ante las instancias federales la resolución fue irregular, "la respuesta fue lamentable, dice el juez que por haber afectación al Poder Judicial no existió la necesidad de ratificar; esto es sólo una de las anomalías porque si se apegaran a derecho los hubieran dejado en libertad y tras 14 meses de proceso ya fueron declarados culpables".

Los ocho acusados fueron detenidos en mayo de 2001, luego de que el TSJ se percatara de que Olga Alcántara, al presentar su renuncia, se había robado unos sellos oficiales, los cuales ocupó para simular que su ex esposo depositaba la pensión alimenticia de sus hijos, cuando en realidad el dinero nunca ingresó a la cuenta del Poder Judicial.