Los encapuchados de Chipinque

El atentado contra Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973, constituyó un parteaguas y crisis de las relaciones oligáquicas entre el poder económico y el poder político en México. La larga luna de miel entre el estatismo corporativo y un segmento de empresarios regionales, que se desarrollaron gracias a los subsidios, exenciones fiscales y el crédito público, entró en crisis en ese momento y el crimen detonó la tensión acumulada entre la cúpula empresarial y la estructura política hegemonizada por el PRI.

Los funerales del patriarca regiomontano marcaron el inicio de un proceso político, en el que ese segmento emprendió la búsqueda de autorrepresentación política, jugando desde entonces en cada elección con las siglas de PRI y PAN, de acuerdo con la conveniencia.

Al mismo tiempo, esa fracción oligárquica se asumió como vanguardia y conductora del proceso de derechización; en torno a ese objetivo reunió a un puñado de familias poderosas, a la jerarquía eclesiástica, medios de comunicación y todo tipo de agrupaciones conservadoras para transformarlas en fuerza política activa.

Al cabo de 29 años, la gran mayoría de esos empresarios se sumaron a la globalización, vendiendo o asociándose con trasnacionales, convirtiéndose en simples inversionistas y especuladores financieros.

En 1973 los encapuchados de Chipinque, así conocidos por sus reuniones clandestinas, sin recato manifestaban a toda plana en Tribuna de Monterrey (18/09/73): "¿Hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos, que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? ¿Por qué aguantaronos asaltos, robos, asesinatos, terrorismo? (...) ¿Cómo esperamos que haya tranquilidad en el país si tan pronto se agarran a dos o tres terroristas o asltabancos los dejan libres y con puestos en el gobierno?" En ese documento, representativo de sus exigencias, se pide al gobierno "que mate, que no encarcele a los terroristas, asaltabancos y secuestradores, porque si no al rato salen libres y es cuento de nunca acabar".

En ese momento se inició la guerra sucia. Si la violencia gubernamental contra opositores, anteriormente expresada en excesos, ahora se convertía en política de Estado y medio para restablecer la alianza histórica con la derecha regiomontana, que acusaba a Luis Echeverría de "procomunista", por haber roto relaciones con el régimen golpista de Augusto Pinochet unos días antes, pero que cede en respuesta, practicando desapariciones, torturas y ajusticiamientos.

En concesión a los encapuchados de Chipinque, José López Portillo nombra Procurador general a Oscar Flores Sánchez en 1976, quien desde 1972 había puesto en práctica la demanda regiomontana de asesinar guerrilleros detenidos más allá del sexenio echeverrista.

Resumiendo: la guerra sucia, la violencia de Estado, constituye una concesión al Grupo Monterrey y las familias que lo integraron; es el intento del poder político central para recomponer la unión anterior y las viejas complicidades basadas en la ineptitud empresarial, los subsidios y la corrupción.

En enero de 1979 los encapuchados de Chipinque llevaron a Juan Pablo II a Monterrey y lo nombraron el "Papa obrero"; con ello se sumaron a la estrategia global anticomunista, que abanderaba ya entonces Karol Wojtyla junto con Lech Walesa, Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

En 1982 ocurre el segundo rompimiento con los encapuchados tras la nacionalización de la banca por parte de López Portillo: pese al beneficio recibido por haber nacionalizado la deuda privada del Grupo Monterrey, Bancomer (Puebla) y Comermex (Chihuahua), pasando todo su peso al país, estos grupos politizaron la medida e iniciaron su autorrepresentación política llamada neopanismo, que explica el ascenso sorpresivo del PAN en Chihuahua en 1983-86 con Francisco Barrio y Luis H. Alvarez.

Vicente Fox es heredero directo de los encapuchados de Chipinque-Grupo Monterrey, quienes ahora gozan nuevamente de impunidad, ya que fueron factor económico determinante en el financiamiento de la campaña electoral del ahora Presidente en 2000.

Echeverría es pieza fundamental para encontrar la verdad, pero esto no puede quedar aislado de quienes son responsables directos de las violaciones constitucionales y de la guerra sucia desde el ámbito privado y la presión cupular. En ese sentido, el Grupo Monterrey y sus representantes de aquella época son igualmente responsables y deben ser sujetos de investigación exhaustiva ahora, ya que fueron los instigadores directos de la política de desapariciones y crímenes, utilizando como suyos los instrumentos de seguridad del Estado.

Esos sectores derechizados fueron responsables de hacer crecer la espiral de la violencia durante 10 años más. Doblaron a Echeverría y a López Portillo, haciéndolos sus aliados en la guerra sucia. Ellos ofrecieron muertos de izquierda en muestra de confianza y renovación de su alianza histórica.