Angel Guerra Cabrera
Desde una cueva
Cinco jóvenes cubanos encerrados en cárceles de Estados Unidos se erigen hoy en denuncia viva de la doble moral estadunidense en el combate al terrorismo, supuestamente prioridad de su política actual. Gerardo Hernández Nordello, Fernando González Llort, Ramón Labañino Salazar, René González Sehwerert y Antonio Guerrero Rodríguez fueron condenados a penas que van desde dos cadenas perpetuas a más de 10 años. Los prisioneros han rechazado la acusación de espionaje y reiterado que toda su actividad consistía en informar a La Habana sobre los grupos terroristas que operan contra Cuba en Estados Unidos, no constitutivo de delito, según las leyes estadunidenses.
La isla ha sido objeto durante más de cuatro décadas de ataques de estos grupos sin que su progenitor, el gobierno estadunidense, haya hecho nada sustancial por impedirlo. Sólo entre 1990 y 2000 se llevaron a cabo 108 acciones terroristas contra Cuba, incluyendo la detonación por infiltrados de 10 bombas en instalaciones turísticas de La Habana, que ocasionaron la muerte de un visitante italiano.
Detenidos el 12 de septiembre de 1998 en Miami, los jóvenes fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses y no aceptaron la oferta de penas simbólicas a cambio de declararse culpables, en un proceso plagado de irregularidades y violaciones de la legalidad y la jurisprudencia estadunidense. La juez insistió en celebrar el juicio en Miami, decisión rechazada por los abogados de oficio que pidieron el traslado del caso a otra jurisdicción, dada la manifiesta hostilidad contra sus defendidos por parte de los grupos terroristas de origen cubano allí radicados y sus simpatizantes, así como la campaña de linchamiento mediático contra los acusados desplegada en los medios de comunicación locales desde su detención.
La selección del jurado evidenciaría la razón de los defensores al advertir que en Miami no podían asegurarse las garantías al debido proceso consagradas en la Constitución de Estados Unidos. Candidatos a integrarlo declararon el 12 de diciembre de 2000 al diario El Nuevo Herald de esa ciudad su preocupación por las consecuencias que pudiera traerles cualquier actitud que contradijera la opinión de los exiliados cubanos. Así lo confirmó después el clima de intimidación a los candidatos, a quienes se les hicieron en la corte preguntas como: Ƒcuál es su opinión sobre el embargo contra Cuba?
La conducta del fiscal reiteró la politización del caso por sus constantes reuniones con los líderes de la ultraderecha cubano-estadunidense y, peor aún, por haberles entregado documentos del sumario que usaron fuera de contexto en su campaña de propaganda contra los acusados. Pero lo más grave fue su calificación del juicio como "contentivo de información sensible a la seguridad nacional de Estados Unidos", basada en la acusación a tres de los acusados de "conspiración para cometer espionaje", no sustanciada con prueba alguna e insostenible en este caso según la ley estadunidense, que define el espionaje como "obtener o tratar de obtener información secreta del gobierno (...) con el propósito expreso de hacer daño a Estados Unidos". Esta acusación fue demolida en el juicio por los testimonios de los testigos de la defensa y de la misma fiscalía, que reconocieron su carencia de fundamento. Cabe citar entre ellos a los generales Charles Wilhelm y Eduard Atkeson, al almirante Eugene Carrol y al ex director de Inteligencia Militar James Klaffer, llamado a declarar por la fiscalía como último recurso. La razón de la arbitraria clasificación del juicio es que permitía colocar en la mayor indefensión a los acusados y a sus abogados, a quienes se restringió el acceso a documentos fundamentales para esclarecer la causa. El jurado, por su parte, desconoció las aplastantes pruebas exculpatorias presentadas por la defensa y acordó el veredicto en unos minutos, sin que se produjera una concienzuda y prolongada deliberación, como es usual hasta en casos más sencillos. El juicio espera ahora por una solicitud de anulación de la defensa, mientras en Cuba un gran movimiento político -que ya trasciende sus fronteras- exige la excarcelación de los jóvenes. Miles de cartas les llegan de distintos países, muchas de Estados Unidos, donde se han creado decenas de comités que demandan su liberación. Una causa justa desde el fondo de una cueva -escribió José Martí- puede más que un ejército.
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