Se trata de un problema estrictamente ambiental, asegura el titular de la Profepa

Tarde o temprano serán desalojados los nuevos asentamientos de Montes Azules

En Arroyo San Pablo el desplazamiento es inminente, pero antes se utilizará el diálogo

ALONSO URRUTIA ENVIADO

Comitan, Chis., 18 de diciembre. En vísperas de sostener una nueva reunión con dirigentes de la comunidad del paraje Arroyo San Pablo -rebautizado Lucio Cabañas por los pobladores-, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Ignacio Campillo, sostuvo que el desalojo del nuevo asentamiento es inminente, pero se privilegiará el diálogo antes que utilizar la fuerza pública. "Se buscará convencerlos de que deben salir", pero está claro que tarde o temprano se deberá desalojar este asentamiento, porque no es una zona para colonización.

Subrayó que en la eventualidad de que los pobladores no salieran por voluntad propia, no habría participación militar en el desalojo. "No se tiene previsto en ningún caso la intervención del Ejército, el cual ha mantenido una prudente distancia de acuerdo con las circunstancias y exigencias políticas, y no se requiere su involucramiento".

Campillo señaló que se ha "magnificado" un problema que tiene visos de solución y que no tiene otra connotación más allá de la preservación ecológica. "No es el momento de volver a inflamar las voces en favor o en contra del movimiento zapatista, no pretendemos volver a un clima de hostilidad contra el EZLN, pues estas personas con las que hablaremos mañana no pertenecen" a ese grupo y el problema, en todo caso, es estrictamente de orden ambiental.

Rechazó las versiones, "absolutamente falsas", según las cuales la actuación de la Profepa en Montes Azules pretende preparar el terreno para que inversionistas extranjeros se asienten en la reserva.

Dijo que este asentamiento reciente -se instaló a principios de noviembre- no puede permitirse, porque sería dar una señal equívoca de impunidad y de que la reserva de la biosfera de Montes Azules es un lugar que se puede colonizar, cuando es precisamente lo contrario, una zona que es urgente preservar, pues se trata de 300 mil hectáreas que podrían ser afectadas.

Campillo tuvo que posponer para este jueves su visita a Arroyo San Pablo ante la imposibilidad técnica de que el helicóptero que lo transportaba pudiera aterrizar esta tarde-noche. Si bien ya estaban dispuestos alrededor de 40 elementos de la Policía Federal Preventiva, no intervendrán por ahora para dar paso a un nuevo encuentro.

En dicho paraje habitan 27 personas, pero lo preocupante, según la Profepa, es que en casi mes y medio de estancia en la reserva ya han afectado 4 hectáreas de tierra debido a la tala. En términos numéricos el problema "es menor, por la poca cantidad de gente, pero debemos actuar para dar una señal de que no se van a permitir más invasiones".

La Profepa dio a conocer que la comunidad lacandona -que tiene el resguardo de la región- ya presentó una denuncia penal por despojo ante la Procuraduría General de la República, y la Profepa, a su vez, ha presentado tres demandas por delitos contra el medio ambiente. Del total de denuncias se han desprendido ya seis órdenes de aprehensión que no se pretenden ejecutar por el momento para abrir espacio a la conciliación.

Campillo consideró que existe un clima propicio para lograr una solución pacífica y dialogada para el caso del paraje Arroyo San Pablo, pues ha habido contacto permanente con el gobierno del estado. En principio, dijo que este jueves ofrecerán el traslado de las 27 personas, entre ellas 16 niños -dos recién nacidos-, a albergues que ya se tienen preparados y posteriormente buscar una alternativa.

Al referirse al problema de Montes Azules, explicó que en conjunto se tienen detectados 42 asentamientos irregulares, ocho de los cuales se han dado durante el presente sexenio. En términos generales, las cifras de la Profepa dan cuenta de la presencia de 500 familias en la reserva ecológica de Montes Azules, que han afectado entre mil 300 y 2 mil hectáreas.

Según el desglose de la Profepa, sólo algunos asentamientos tienen una población numerosa, como en los casos de Nuevo Guadalupe Tepeyac, donde se asientan 90 familias; Taniperla, segunda ampliación, con 90; Ocotal, 66; El Zapotal, 65, o el asentamiento 8 de Febrero, con 35 familias.

Sin embargo, de acuerdo con la Profepa, el impacto va más allá de la deforestación con el único propósito de modificar el uso de la tierra para adecuarla a la producción agrícola, pues también tiene un efecto directo en la diversidad de la fauna en la región, por lo cual la protección de la zona es fundamental debido a la enorme biodiversidad que existe en Montes Azules y los efectos climáticos que podría tener la deforestación.

Indicó que en algunos casos -cuatro, según la delegación de la Profepa en Chiapas- son asentamientos considerados ya como consolidados, en donde se procedería a formalizar su existencia, pues son comunidades con muchos años en la zona. Otros 30 casos se discuten en una mesa ambiental -en la que participan el gobierno estatal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y los dirigentes de los grupos asentados- y se buscan opciones de reubicación.

De acuerdo con la Profepa en Chiapas, en estos casos se avanza en el desalojo de las comunidades por vía de la reubicación, aunque por limitaciones económicas y de tierras se ha dificultado la solución. En principio, las comunidades aceptan la reubicación, siempre y cuando sea dentro del municipio de Ocosingo.

Esta condicionante y la escasez de tierra ha encarecido el costo de la reubicación, que se ha cotizado hasta en 50 mil pesos por hectárea. En principio el fideicomiso conjunto de los gobiernos federal y estatal sólo tiene 8 millones de pesos, cifra inferior a los más de cien millones de pesos que se requieren para la adquisición de tierras y dar salida al problema.

Campillo explicó que en algunos casos ya se había logrado la reubicación de las comunidades, pero por algún incumplimiento en lo que se había ofrecido, regresaron a la zona. Para el procurador ambiental, la mayoría de los asentamientos tiene una opción viable de reubicación.