Angel Guerra Cabrera
Chávez pierde la iniciativa
La batalla que hoy se libra en Venezuela enfrenta al gobierno de Hugo Chávez y a gran parte del pueblo pobre y del ejército con una coalición de fuerzas subordinada a Washington, la llamada Coordinadora Democrática. Formada por las clases y sectores beneficiarios del modelo petrolero rentista -desprestigiados y desplazados por eso electoralmente del gobierno, pero que conservan intacto su poder económico- utiliza como infantería a estratos de capas medias en general empobrecidos por las políticas neoliberales, pero enajenados, donde encuentran terreno fértil los histéricos mensajes de odio de los medios de difusión oligárquicos.
La ideología fascista de los cabecillas de la coalición opositora se evidenció antes, durante y después del derrotado golpe del 11 de abril, orquestado por el gobierno de Bush mediante el entonces subsecretario de Estado, Otto Reich, y de la contrarrevolución cubana de Miami. Los golpistas aplastaron por la fuerza el estado de derecho, encarcelaron al presidente, suprimieron la Constitución y los órganos de poder consagrados por el voto popular, iniciaron la represión de la chusma -así la llaman- que apoya el proyecto bolivariano y, por supuesto, cancelaron la venta de petróleo a Cuba. No han vacilado en sacrificar vidas de partidarios del gobierno y hasta de sus propios seguidores con tal de imponer su agenda, como se demostró en aquel momento y recientemente en la Plaza Altamira, y existen todas las razones para pensar que actuarán de igual forma en cuanto puedan. Si se replegaron momentáneamente después del 13 de abril fue por el desconcierto y el pánico en que los sumió la fulminante reacción popular que hizo retroceder el golpe y reinstaló las instituciones democráticas y porque fueron sacados del juego sus más connotados aliados en el ejército. Sin embargo, después lograron reorganizarse y retomar la iniciativa para conseguir su objetivo irrenunciable de acabar con el actual régimen, obstáculo para la reinstauración del corrupto sistema que marginó y discriminó durante tanto tiempo a la gran mayoría de venezolanos, a la entrega del petróleo, los demás recursos públicos y la soberanía del país al capital imperialista. Que hayan creado ya un peligrosísimo clima de contienda civil, que puede derivar en expresiones de violencia mucho mayores, y paralizado virtualmente la industria petrolera mediante la quinta columna de privilegiados allí enquistada, prueba que para salirse con la suya están dispuestos a llevar al país a la ruina y a un baño de sangre pinochetista.
De allí que insistan, por un lado, públicamente en el todo o nada -la renuncia de Chávez- mientras por otro simulan negociar con el gobierno. No hay medias tintas: la batalla es entre contrincantes antagónicos e irreconciliables y sólo puede resolverse a la postre con la victoria política indiscutible de uno de los dos. No puede encontrar salida en una mesa de negociación -a menos que el gobierno se suicide y conceda lo que piden los golpistas-, ni siquiera si el mediador fuera neutral, que la OEA no lo es, ya que es célebre su incondicionalidad ante Washington.
El pueblo venezolano comprende perfectamente la situación y ha rechazado el paro patronal. Su tenaz y decidida resistencia a los planes golpistas en todos los escenarios ha impedido el triunfo de la oposición hasta ahora, pero por sí sola no puede arrebatarle la iniciativa, inclinar definitivamente la balanza de su lado y ganar así a los indecisos y parte de los opositores. Esto únicamente podría lograrse si el gobierno de Chávez se decide por fin a tomar dos tipos de medidas: 1) utilizar a fondo las facultades que otorga el estado de derecho para defender a la nación de acciones tan desfachatadamente ilegales y subversivas, y 2) hacer avanzar sin demora el proyecto de emancipación contenido en la Constitución y en las leyes habilitantes. Eso es exactamente lo que piden las bases bolivarianas en sus comunicados que señalan los artículos constitucionales y de los códigos vigentes violados sistemáticamente por los subversivos y proponen acciones concretas a tomar en defensa de la constitucionalidad. Es unánime la exigencia de medidas que pongan coto a la guerra sicológica desplegada por los grandes medios privados de difusión.
No ha habido un solo proceso de transformación social en la historia que haya escapado a esta disyuntiva: enfrentar resueltamente a sus enemigos o ser arrollado por ellos.
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