¿Eran necesarias las muertes de 32 recién nacidos para empezar a preocuparse por la carencia de servicios de salud en Chiapas? ¿No bastaba con saber que ese estado tiene el triste récord de la entidad con mayor mortalidad infantil? ¿No eran suficientes las reiteradas denuncias de las comunidades rurales sobre el desabasto de medicinas, falta de médicos y carencia de clínicas? ¿Es fruto del azar que eso suceda en una región mayoritariamente pobre, indígena y campesina?

El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, recibió la administración en una situación de emergencia sanitaria que fue comunicada a la Secretaría de Salud. Obtuvo el silencio como respuesta. Hoy vuelve a advertir sobre la gravedad de la situación. ¿Se repetirá la sordera y la ceguera de las autoridades federales ante una intolerable situación de sufrimiento y de carencia de derechos?

Según el mandatario, en Chiapas hay un rezago de 30 años en los servicios de salud. Asegura que no ha recibido ningún recurso extraordinario para reducir las consecuencias sociales de esta situación indigna. Ahora, después de estas trágicas muertes masivas, comprueba que se necesitan 500 centros de salud más y otros 2 mil 500 trabajadores sanitarios adicionales. Dice, además, verse obligado a pedir dinero prestado, con fuertes intereses, a la banca comercial, para financiar los servicios de salud.

Mientras tanto, a más de mil kilómetros de distancia, desde la ciudad de México, la Secretaría de Salud ha negado tener responsabilidad alguna en los decesos. Según el subsecretario Roberto Tapia Conyer es el gobierno de Chiapas el que toma sus propias medidas en materia de salud.

Es evidente que la descentralización de los servicios médicos sólo ha servido para que las autoridades federales y las estatales se responsabilicen mutuamente de la inercia y del empeoramiento de la atención y prevención de enfermedades, como es también obvio que, la principal propuesta sanitaria de la actual administración, el Seguro Popular, no resuelve los grandes problemas del sector.

El primero de enero de 1994, cientos de comunidades indígenas chiapanecas se levantaron en armas cansadas de la muerte inútil de los suyos. Durante nueve años los gobiernos federal y estatal en turno han informado de cuantiosas y sistemáticas inversiones en el estado. Pero según el gobernador Salazar, su administración heredó una deuda en el sector de 80 millones de pesos. Más allá de las palabras, el trágico fallecimiento de infantes en el hospital de Comitán muestra que esas muertes inútiles siguen siendo una realidad cotidiana en la entidad. ¿Dónde quedaron esos millonarios recursos destinados a cuidar la salud de los habitantes del sureste? ¿Dónde está el supuesto bienestar, anunciado por los discursos oficiales, en el que deben vivir esos anónimos niños que fallecen porque sus familias viven en condiciones medievales?

México tiene un candidato oficial a la presidencia de la Organización Mundial de la Salud y lo promueve por todos los medios: ¿quién paga, con muertes y falta de servicios, esa promoción? ¿Cómo se puede pretender ser un ejemplo mundial cuando vastos sectores geográficos y sociales mexicanos viven en una situación indigna que ofende e interpela a toda persona con conciencia y sensibilidad?

El fallecimiento de los infantes en el hospital de Comitán nos recuerda, una vez más, la enorme distancia que hay entre el México real en el que viven los de abajo y el México que presumen los políticos en sus discursos e informes oficiales. Esas muertes nos indignan.

En noviembre del año pasado La Jornada dio a conocer diversas acciones de hostigamiento y amedrentamiento realizadas en meses anteriores contra reporteros de este diario y de otros medios informativos por parte de diversos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretendían obligarlos a revelar sus fuentes de información. Se informó, asimismo, que nuestros compañeros afectados habían acudido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para interponer quejas contra el procurador Rafael Macedo de la Concha, varios de sus colaboradores cercanos y otros empleados de la PGR involucrados en esas medidas ilegítimas de acoso y ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información, además de preocupantes expresiones de ineptitud por parte de los encargados de procurar justicia.

Por esos días, en este mismo espacio, se dijo que el señalamiento público de esas conductas indebidas y la demanda de protección a la CNDH no sólo buscaban preservar la integridad personal y profesional, así como la seguridad jurídica de los reporteros de La Jornada, sino detener lo que parece ser una tendencia a estrechar los márgenes de acción de los informadores en general, hacer conciencia, en la sociedad y entre las autoridades, de las normas éticas fundamentales del oficio periodístico -como la protección de la identidad de las fuentes-; se exigió, asimismo, que el poder público distinga -y respete la distinción- entre los informadores y los informantes de la policía.

Hoy se divulga, en estas páginas, apuntes y reflexiones de la CNDH sobre esta controversia entre La Jornada y la PGR. Destacan la descalificación de los alegatos formulados por la segunda, un listado de "inconsistencias y contradicciones" en que incurrió la dependencia en sus medidas de hostigamiento contra varios de nuestros reporteros, así como el señalamiento de que la intervención del ombudsman nacional en el caso "no debe limitarse a solicitar a la autoridad el inicio de una investigación administrativa o penal (...) sino solicitar a las autoridades un compromiso amplio en el respeto y defensa de los derechos humanos".

Los propósitos mencionados son sin duda pertinentes, oportunos y necesarios, y cabe esperar que la CNDH los formalice en una recomendación a la PGR en la que se demande, también, la investigación y sanción de posibles hechos delictivos y de infracciones por parte de los funcionarios que participaron en el acoso referido. Pero esta casa editorial considera que se debe ir más allá de reglamentos y lineamientos internos, y que el Congreso de la Unión tiene ante sí el deber de legislar instrumentos jurídicos de protección al desempeño periodístico y a los principios éticos de la profesión. En tales instrumentos, un punto fundamental debe ser la prohibición a las instancias de procuración e impartición de justicia de cualquier intento de presionar a los reporteros para convertirlos en delatores bajo cuerda, como lo pretendió recientemente la PGR. No se trata de una demanda de mero interés gremial -que lo es-, sino también de una petición de garantías para el suministro de información a la sociedad en su conjunto.