Desde hace 20 años, la ceguera, irresponsabilidad y arrogancia de los gobiernos neoliberales han llevado al campo mexicano a una circunstancia extremadamente peligrosa para la soberanía nacional y social, así como políticamente explosiva y desastrosa en lo económico e indignante en lo humano.

Un apretado recuento obliga a recordar que Miguel de la Madrid inscribió al país en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, entidad precursora de la actual Organización Mundial de Comercio) e inició la oleada privatizadora que, a la postre, barrió con las cadenas productivas de la economía nacional. Carlos Salinas fue más allá: unció a México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y dividió y debilitó a las organizaciones campesinas, acalló toda protesta mediante las relaciones públicas multimillonarias, la represión y la corrupción. No fue sino hasta el inicio del último año de su administración que los indígenas rebeldes de Chiapas obligaron a Salinas a enterarse de la existencia de un país rural, miserable y exasperado que no aparecía por ninguna parte en las estadísticas alegres de los tecnócratas gubernamentales.

Ernesto Zedillo, por su parte, ejerció la Presidencia dándole la espalda no sólo al campo, sino al país en su conjunto. El descontento generado por su administración fue de tal magnitud que la ciudadanía castigó su ineptitud quitándole el Ejecutivo federal al PRI y entregándoselo -por primera vez en 70 años- a un candidato opositor, Vicente Fox, que ostentaba su condición de ranchero claridoso y trabajador como virtud política y como factor de contraste ante el puñado de economistas perfumados que no se manchaban las manos ni con la tinta de los documentos oficiales.

Por esa razón, por su facilidad para prometer imposibles y en razón del hartazgo popular ante las presidencias priístas, el actual mandatario generó grandes expectativas en amplios sectores de la sociedad, e incluso hubo quienes supusieron que en el presente sexenio los gobernantes voltearían la mirada, por primera vez en dos décadas, a la desesperada situación del agro. Pero, por el contrario, el gabinete foxista ha persistido en la desatención de los campesinos, ha carecido de la sensibilidad política y social para comprender la magnitud del drama económico, demográfico, político y humano que se gesta con la plena apertura comercial a los productos agropecuarios de Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la palabrería, el actual gobierno ni siquiera ha reglamentado leyes de urgente aplicación para reactivar al sector agrícola, como la de Desarrollo Rural y la de Energía para el Campo, ha faltado a sus compromisos de campaña de otorgar subsidios y establecer mecanismos compensatorios para los campesinos mexicanos, como lo señaló ayer la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Rosario Robles. Por supuesto, la actual administración no quiere ni discutir la necesaria renegociación del TLCAN para lograr condiciones menos funestas para la gran mayoría de los agricultores del país.

Fox y el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, ellos mismos empresarios agrícolas capitalizados, tecnificados y exportadores, porfían en considerarse representativos del resto de los campesinos mexicanos. Pero la mayor parte de la gente del campo está integrada por ejidatarios, comuneros y micropropietarios que viven una situación desesperada, que carecen de la menor posibilidad de competir exitosamente con las importaciones procedentes de los otros socios del TLCAN y que, con la entrada en vigor del capítulo agrícola de ese tratado, no tienen ante sí más perspectivas que dedicarse al narcocultivo, engrosar las filas de las insurgencias políticomilitares o abandonar sus tierras y escoger entre el incierto y peligroso cruce de la frontera norte o la migración a las zonas de miseria de las ciudades mexicanas.

Esa circunstancia límite ha forzado a los campesinos de distinta filiación y a sus organizaciones a confluir en un todavía embrionario movimiento de protesta que va a hacerse sentir en el país en los próximos días y en las próximas semanas. Cabe esperar que el Ejecutivo federal y los mandatarios estatales se abstengan de responder con el recurso de la represión las expresiones de descontento y que en cambio éstas sirvan para hacer entender a los actuales gobernantes que el campo está a punto de explotar y que si no se hace algo el futuro y la viabilidad del país en su conjunto estarán en peligro.