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La Chinantla, fuente de agua, fuente de vida
José Leonardo Hernández Montiel
Contaminación de mantos freáticos en
Cancún
Clicerio E. Cedillo
En Oaxaca, el agua de mal en peor
Aguas con los acuíferos de la Cuenca de México
Transgénicos sin fronteras
Mariano Cereijo
Contra un programa de siembra de maíz
contaminante
Otra reserva de la biosfera: Bahía de los Ángeles
y Canales de Ballenas y Salsipuedes
La cuadratura del círculo
Eduardo Valle
Cacocracia
Horacio de la Cueva
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Contra un programa de siembra de maíz
contaminante
Diversas
organizaciones sociales, académicas y productivas del estado
de Chiapas enviaron al gobernador de esa entidad, Juan Sabines, y
a los funcionarios responsables de los asuntos de ecología,
salud, derechos humanos, agua y saneamiento y producción agropecuaria,
una carta en la que cuestionan los objetivos y posibles frutos de
un programa oficial de siembra de maíz, el cultivo por excelencia
del campo mexicano. Por su importancia, la incluimos en este suplemento.
Dicen las organizaciones en su misiva que
A partir de mayo pasado, el gobierno de Chiapas, a través de
Secretaría del Campo, inició el Programa Maíz
Solidario. La única información pública del programa
es la que se transmite por radio, televisión e internet, en
una costosa campaña publicitaria que dice: Más
de un millón y medio de chiapanecos dependen del maíz
de autoconsumo. Con el Programa Maíz Solidario, recibirán
semilla, herbicida y fertilizante a más tardar en junio, por
primera vez a tiempo. Chiapas, gobierno de hechos, no palabras.
Al respecto, queremos manifestar públicamente lo siguiente:
Desde ahora se pueden prever las graves consecuencias a la salud ambiental
y humana, así como a la base social y productiva de organizaciones
de productores orgánicos y agroecológicos que desde
hace 20 años efectúan ejemplares procesos de agricultura
sustentable y comercio justo.
Las consecuencias por introducir semillas híbridas mejoradas,
fertilizantes y herbicidas químicos se verán reflejadas
en el aumento de la contaminación de los suelos, los bosques
y, sobre todo, las aguas, máxime si consideramos las condiciones
de pendientes pronunciadas y tierras erosionadas prevalecientes en
Chiapas.
Debieran ser aleccionadoras las advertencias emitidas por el presidente
de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología
(AMEH), Dr. Raúl Cano Castellanos, quien el 27 de mayo pasado
en la ciudad de Tapachula, reveló que Chiapas es de los
estados con el mayor número de pacientes diagnosticados con
leucemia, y que en la mayoría de los casos detectados
están ubicados en zonas rurales donde se utilizan diversos
productos agroquímicos, y por lo mismo, las víctimas
suelen ser de escasos recursos económicos. Consideró
que las autoridades de salud y las agropecuarias deben empezar
a trabajar en programas dirigidos a alejar los centros de población
de los agrícolas, sobre todo aquellos donde se utilizan altas
cantidades de sustancias tóxicas, como el benceno.
La contaminación por agroquímicos en arroyos, ríos,
lagunas y litorales, es una amenaza para todo el sistema hidrológico
Grijalva-Usumacinta y para la franja costera de Chiapas, lo que pone
en riesgo ambiental a una de las regiones con mayor biodiversidad
y la de mayor humedad de todo México, contaminando irresponsablemente
además, productos agropecuarios de consumo humano.
Un riesgo adicional para la salud comunitaria, para las semillas criollas
y para la biodiversidad local se encuentra en el posible uso por parte
de dicho programa, de semillas transgénicas, importadas de
los Estados Unidos, carentes de toda advertencia acerca de su origen
y carácter. Programas del tipo Maíz Solidario, corresponden al fracasado
esquema de la Revolución Verde, que lejos de cumplir con la
prometida eliminación del hambre en los países pobres,
ha destruido la economía campesina, volviéndola cada
vez más dependiente tanto de las corporaciones multinacionales
productoras de insumos agrícolas, como de programas gubernamentales
con enfoque paternalista. Con ello, cada vez está más
lejos la soberanía alimentaria local, regional, estatal y nacional
pues a mediano plazo los suelos pierden toda fertilidad por la acidez
que dejan los agroquímicos, la producción se desploma
y los campesinos se empobrecen aun más, aumentando la emigración.
La población más vulnerable son los pequeños
productores campesinos, pero particularmente los indígenas,
y entre estos las mujeres y los niños que utilizan agua de
ríos contaminados por agroquímicos con consecuencias
muy graves en su salud que con el tiempo desarrollan cáncer.
Los productores que utilizan agroquímicos ni siquiera han recibido
capacitación sobre medidas de seguridad, guantes, trajes para
evitar el contacto de estos agroquímicos con la piel y los
pulmones.
En este sentido, el Programa Maíz Solidario representa un retroceso
de 20 años respecto a iniciativas de agricultura orgánica,
agroecología y comercio justo, desarrolladas precisamente en
Chiapas y que, incluso, han recibido recursos y reconocimientos de
programas de gobierno y de organismos internacionales y multilaterales.
Con este programa, en los hechos y con pocas palabras pues ni
siquiera hay información concreta y específica disponible
en la página de internet del gobierno a su cargo, pese a la
obligatoriedad de informar y consultar puntualmente, su administración
está impactando negativamente en los esfuerzos de miles de
productores campesinos e indígenas, de la sociedad civil que
ha brindado acompañamiento comprometido a estos productores,
e incluso, de otros programas de gobierno que han apoyado el transitar
de una agricultura basada en agroquímicos, a un desarrollo
comunitario sustentable fundado en el rescate de las prácticas
culturales de los pueblos indígenas, en el cuidado y mejoramiento
del medio ambiente y en la posibilidad de recuperar la soberanía
alimentaria local y regional, contradiciendo, en los hechos, sus propias
palabras, enunciadas en el Plan de Desarrollo Chiapas 2006-2012, una
de cuyas metas prioritarias es: Disminuir la presión
sobre los recursos naturales y la degradación ambiental, aprovechando
sustancialmente los recursos, a partir del desarrollo microrregional,
la diversificación de la producción forestal y el manejo
integrado de los ecosistemas.
En realidad, el beneficiario directo de este programa no es el sector
campesino ni los consumidores urbanos, sino las empresas multinacionales
de agroquímicos como Monsanto, Syngenta, Aventis, BASF, DuPont,
Bayer y Dow AgroSciencies, así como sus distribuidores estatales
a costa de la salud, los recursos naturales y la economía de
Chiapas, entidad que sigue siendo el estado con menores índices
de desarrollo humano de México, comparables con los países
más pobres del mundo, según el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De ahí que, por su impacto negativo en la salud comunitaria,
en la economía y en los recursos naturales del estado y por
la violación de los derechos fundamentales a la salud humana,
a la alimentación y al medio ambiente sano, exigimos cancelar
inmediatamente el programa maíz solidario.
Pronunciándonos,
en cambio, a favor de:
- Una agricultura comunitaria, basada en prácticas agroecológicas
y agroforestales, que restituya la relación armónica
del ser humano con su entorno, revalorando las prácticas culturales
de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- Impulsar la soberanía alimentaria local, regional y estatal,
sin depender de corporaciones multinacionales, mejorando al mismo
tiempo, la calidad de los suelos, bosques, aguas y granos básicos,
de acuerdo a una economía basada en la diversidad cultural,
biológica y productiva.
Hacemos un llamado a las comunidades y familias campesinas, a rechazar
este programa, y, en consecuencia, a no aceptar donativos de semillas
híbridas o, posiblemente, transgénicas,
herbicidas ni fertilizantes químicos.
Hacemos también un llamado a los ayuntamientos a analizar y
discutir, de forma plural y democrática, el impacto socioambiental
de este programa en sus territorios municipales, y haciendo
válido el Artículo 115 Constitucional a no aportar
el 30 por ciento de su costo, como exige el gobierno estatal.
Igualmente, hacemos un llamado al Congreso Local, al Congreso de la
Unión, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a
las secretarías técnicas de los gabinetes de Economía
y Desarrollo Social y a los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo
y para el Medio Ambiente, a solicitarle al gobierno de Chiapas que
suspenda inmediatamente este programa.
Solicitamos que los recursos originalmente destinados a este programa que se calculan aproximadamente en mil pesos por productor,
con un universo de 1 millón 500 mil productores sean
destinados a programas para atención a la salud ambiental y
fortalecimiento de la agroecología, la agricultura orgánica,
la agroforestería y el comercio justo.
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