e acuerdo con información divulgada por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el ex propietario y actual presidente de Banamex, Roberto Hernández, adquirió a principios de esta semana seis millones de acciones de Citigroup, dueño, por hoy, de la institución financiera que opera en México. El movimiento refuerza las versiones, difundidas hace dos semanas por el rotativo estadunidense The Wall Street Journal, de que Hernández, acompañado de otros inversionistas, planea readquirir Banamex, en un momento en que las acciones de Citigroup se ubican a un nivel ínfimo: ayer llegaron a menos de un dólar, cuando a principios de año costaban 7.08 dólares.

Por su parte, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) reiteraron ayer su disposición a imponer límites a las tasas de interés y comisiones que los bancos en el país cobran a los usuarios de los servicios financieros. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, subrayó la necesidad de que realmente existan tasas de interés acordes al mercado mundial y que se evite el saqueo del que están siendo objeto muchos quienes utilizan, sobre todo, el crédito al consumo. La declaración tiene lugar un día después de que, en un foro realizado en el Senado de la República, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef) expresaron su rechazo a fijar topes a los costos de los servicios bancarios, por considerar que tal medida podría inhibir el crédito y perjudicar sobre todo a los más pobres.

Los hechos que se comentan dan cuenta, desde distintas perspectivas, del carácter antipopular y pro empresarial del grupo que ostenta el poder público, su favoritismo hacia los ricos y su exasperante tolerancia a prácticas bancarias que merecen calificarse de agio y usura. Por un lado, el intento de recompra de Banamex por Roberto Hernández hace obligado recordar los términos en que se dio la venta de ese banco a Citigroup en 2001: mediante una operación bursátil, avalada por el entonces titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz –quien había sido director de Avantel, propiedad de Roberto Hernández–, que significó que tres mil 500 millones de dólares no ingresaran, en calidad de impuestos, al erario. El episodio es botón de muestra de una política fiscal profundamente inmoral e inequitativa que se ensaña con los pequeños contribuyentes y los sectores productivos y es, en cambio, condescendiente y obsequiosa con los altos potentados, quienes tendrían la obligación de pagar mayores impuestos. Tales directrices constituyen, en el momento presente, un factor de descontento social por cuanto castigan a los sectores más afectados por la crisis económica y profundizan las enormes desigualdades sociales que recorren el país.

Por lo demás, es evidente que las instancias burocráticas supuestamente encargadas de regular a la banca se han erigido, desde hace tiempo, en defensoras de facto de los banqueros, no de los usuarios, pues de otra forma no se puede explicar que toleren los exorbitantes cobros que se realizan en el país por concepto de servicios financieros: según datos de la propia Condusef, el costo anual de una tarjeta de crédito de Banamex-Citigroup es ocho veces superior en México que en Estados Unidos; Scotiabank cobra a los tarjetahabientes un interés de 60 por ciento anual en México, cuando ese costo no rebasa 16 por ciento en Canadá, y mientras los usuarios de plásticos de HSBC en Inglaterra pagan alrededor de 18 por ciento de interés anual, el costo para los clientes en México es de 71 por ciento.

La actual crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de reactivar los motores de la economía y expandir el mercado interno, pero eso difícilmente se podrá lograr cuando la gente tiene que destinar altas cantidades de sus recursos a saldar deudas impagables y cuando el Estado no puede obtener recursos de donde los obtienen la mayoría de los países modernos: del cobro de impuestos a las grandes empresas, a los propietarios de las grandes fortunas y a los grandes capitales. Ante la falta de voluntad política y el cariz oligárquico del gobierno federal, es necesario que compromisos como el expresado ayer por los senadores de la República se traduzcan en acciones, y que no se queden en el ámbito declarativo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pues ello contribuiría a que crezca la frustración de la población hacia el conjunto de la clase política. Hechos, no palabras, es lo que se requiere en el crítico momento actual.