El Congreso de la Unión cerró el segundo periodo de sesiones del tercer año de la 60 Legislatura con largas sesiones en ambas cámaras, en las cuales se aprobaron con celeridad agendas de más de 100 puntos y una treintena de reformas legales para combatir la delincuencia organizada y la violencia, así como un paquete económico anticrisis y normas en materia de salud y seguridad social.

Con la emergencia sanitaria de por medio, en San Lázaro los diputados concluyeron el periodo entre una vorágine de 40 dictámenes de ley, nueve minutas, 80 puntos de acuerdo y documentos previamente negociados y avalados por los coordinadores del PAN y del PRI, quienes concedieron a la mayoría silente la atribución de levantar los brazos para avalarlos.

En el Senado el panorama fue el mismo, ya que en seis horas se desahogó una agenda de más de 120 puntos, lo que llevó al petista Ricardo Monreal a señalar: Es impresionante la epidemia de dictámenes y proyectos de decreto a que hemos estado sometidos. La prisa por aprobar temas torales fue evidente, ya que en el caso de las reformas para paliar los efectos de la crisis financiera pasaron en horas de una cámara a otra.

Monreal incluso puso en evidencia los errores que de ello se derivaron, al denunciar en tribuna que se pretendía reformar el artículo siete de la Ley de la Financiera Rural, mismo que en la sesión anterior –el martes– fue modificado en un sentido jurídico distinto.

Entre los 39 dictámenes aprobados por el Senado destacan reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el fin de que los desempleados puedan disponer de mayores cantidades a las autorizadas hasta hoy de su fondo de retiro, y una nueva Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que debido a la presión de la Secretaría de Hacienda dejó a los patrones la posibilidad de optar por establecer comedores en sus empresas u otorgar despensas o vales de despensa a su personal sindicalizado.

Los diputados, en tanto, aceptaron las modificaciones que el Senado hizo a la minuta que hace más de un año les habían enviado para regular a las empresas tercerizadas (outsourcing), las cuales llevan a cabo subcontrataciones laborales.

Por mayoría, los diputados exhortaron –también en automático– al Ejecutivo federal a que pida a la Secretaría de Hacienda la creación de un fondo especial de emergencia por 5 mil millones de pesos para que todos los estados y el Distrito Federal fortalezcan su infraestructura de salud y puedan revertir la epidemia de influenza que afecta al país, y le exigieron a la misma dependencia sumar a esa cifra 6 mil 500 millones.