Apoyo al SME

ingún ciudadano que se precie de respetar la Constitución vigente y, por lo tanto, de reconocer el estado de derecho que debe prevalecer en la sociedad, puede apoyar el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009, que a todas luces es contrario a la Constitución. Porque el Presidente no tiene facultades para extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, creada por el Congreso de la Unión, único con facultades para reformar la ley reglamentaria para esos efectos. Tampoco tiene facultades para despedir a 44 mil electricistas, así lo establece el artículo 5 constitucional: Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Si este precepto constitucional es cierto, las indemnizaciones de los electricistas son ilegales; fueron realizadas bajo engaño y presión a éstos. Peor aún, el gobierno implementó campañas publicitarias a favor de las indemnizaciones mejoradas y en contra del prestigio de los electricistas del SME. Ambas campañas de dominio público.

risteza, indignación, pasmo, desconcierto, incredulidad, burla, impotencia, avasallamiento, todo a un tiempo, fueron los sentimientos que me sobrecogieron luego de escuchar al procurador general del estado de México explicar que la muerte de Paulette había sido un accidente, que no se ejercería acción de la justicia contra nadie y que el caso quedaba cerrado, y que me decidieron a cambiar el giro de mis colaboraciones en La Jornada y dedicar esta al caso Paulette.

espués de la tragedia de Hermosillo y frente al deterioro notable en el desempeño de los órganos superiores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) administrado por el Partido Acción Nacional, mucho se exigió la cancelación del modelo de subrogación Levy-Molinar Horcasitas-Karam, aprovechando la renovación de contratos en diciembre de 2009. La oportunidad cubría 95 por ciento de las mil 542 guarderías subrogadas.

n días pasados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal retomó el debate sobre las violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano en materia de anuncios espectaculares en las que han reincidido varias empresas publicitarias. Un grupo considerable de legisladores exigieron no sólo que se aplicaran las sanciones que prevé la ley, sino que sus normas se hicieran más estrictas aún. Sus argumentos fueron, en principio, los mismos que dieron origen a la regulación de la exhibición de publicidad exterior en años pasados: los anuncios espectaculares: a) dañan árboles y otros recursos naturales; b) propician contaminación visual y c) ponen en riesgo disposiciones previstas en el código de protección civil. La respuesta de los empresarios también fue muy similar a la que habían esgrimido cuando la ley fue promulgada: a) las industrias de lo que se podría llamar (Walter Benjamin dixit) la estética de la mercancía provee trabajo e ingresos a miles de asalariados, y las empresas en general requieren de publicidad para vender sus productos, lo que garantiza la libertad del mercado y, con ella, la libre empresa, y c) el término de contaminación visual es vago y ambiguo, y puede ser utilizado a la manera de pretexto.

l trato desigual en el manejo de temas de justicia se enseñorea en el país. Sin ser exhaustivo quiero recordar algunos casos que encierran gran simbolismo por la injusticia e impunidad que transportan. Los próximos 4 y 5 de junio los padres de familia de los niños muertos en la guardería de Hermosillo realizarán varios actos que van desde una vigilia en el Ángel de la Independencia y otros en Hermosillo y varias ciudades de México, donde se arrojarán al aire globos blancos. Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, que resultaron muertos en un tiroteo en Tamaulipas y responsabilizan de ello a militares, reclaman justicia. Está el caso también de Valentina Rosendo Cantú, a sus 17 años violada y secuestrada por militares en 2002. Están los casos de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, además de nueve personas del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), presos y acusados de secuestro equiparado. También es de mencionar el caso de los dos desaparecidos del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desde hace tres años. Está también el caso de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey abatidos en un fuego cruzado. Y luego los dos activistas asesinados en Copala, Oaxaca, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.

n medio de un panorama cultural y educativo de retroceso grave y generalizado, el Foro Internacional de Música Nueva que lleva el nombre de su fundador, Manuel Enríquez, renace con brío para su trigésima segunda edición ininterrumpida.