l pasado miércoles trabajadores pertenecientes a la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana iniciaron una huelga en la mina de El Cubo, en Guanajuato, ante la negativa de la empresa canadiense Gammond Gold –titular de la concesión de ese yacimiento– a cumplir con el pago de las utilidades. Ayer, funcionarios de la corporación canadiense reiteraron su negativa a dialogar con los trabajadores y señalaron que las acciones de éstos están fuera de la ley. Por su parte, en entrevista radiofónica, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, calificó la huelga como un chantaje de los mineros y reiteró los argumentos de la parte patronal en el sentido de que las medidas de protesta de los sindicalistas han provocado, en el último mes, una caída de 30 por ciento en las acciones de la compañía.

La colocación de las banderas rojinegras en el mineral referido es el episodio más reciente de un conflicto que se recrudeció desde el pasado 3 de junio, cuando los sindicalizados emprendieron acciones de resistencia en demanda del reparto de utilidades –el cual, aseguran, no se realiza desde hace 10 años– y de mejores condiciones de trabajo. En respuesta, la empresa despidió arbitrariamente a los cerca de 400 trabajadores de la mina, interpuso una denuncia penal en su contra por despojo y clausuró indefinidamente las instalaciones de El Cubo, Las Torres y Peregrina. Días después, el 18 de junio, decenas de trabajadores de esa mina impidieron el ingreso a directivos de Gammon Gold que buscaban, acompañados de 60 guardias privados, extraer la maquinaria y el equipo de trabajo del interior del socavón.

Resulta inevitable vincular la tensa situación que se ha presentado en días recientes en El Cubo con los desalojos policiacos de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila. Tales episodios confirman la proliferación de factores de tensión en el sector minero, como consecuencia de la unilateralidad y arbitrariedad de las empresas del ramo –nacionales y foráneas– y el evidente alineamiento de las autoridades laborales –que debieran actuar en forma imparcial– a los intereses patronales. En los últimos años, a las amplias concesiones otorgadas durante el ciclo de gobiernos neoliberales a los capitales nacionales y foráneos para hacerse de yacimientos en el país –condiciones que favorecieron en particular a las compañías mineras de Canadá– se ha sumado una disposición oficial a favorecer los intereses de los inversionistas en ese sector, y ello se ha puesto de manifiesto con la exoneración a los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos donde en enero de 2006 murieron 65 trabajadores; con el empecinamiento de la propia STPS en atribuir a los mineros la responsabilidad por la huelga de Cananea y el posterior desalojo de esa mina, y con la evidente suscripción de la postura patronal en el caso de El Cubo.

El correlato de esta actitud abiertamente proempresarial es la beligerancia oficial contra los gremios, que se refleja en la determinación de las autoridades para resolver por medio de la fuerza policial los conflictos laborales y en el acoso judicial para los sindicatos.

En la circunstancia presente, el carácter oligárquico y antipopular del grupo gobernante constituye un acicate para el surgimiento de escenarios riesgosos en términos de estabilidad y paz social. Si las autoridades no logran conjurar esa actitud en el conflicto que se desarrolla en El Cubo, estarán contribuyendo a la proliferación indeseable de escenarios explosivos en un panorama nacional de por sí sobrado de ellos.