Diputados de PRI, PRD y PT cuestionaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de disminuir el monto de las pensiones del IMSS, y consideraron que se trata de un golpe más a la clase trabajadora. El PRD anticipó que presentará un extrañamiento a los ministros en la próxima sesión de la Comisión Permanente, por su actuación arbitraria e ilegal.

En el Senado, el presidente de la Comisión de Salud, Ernesto Saro, informó que pidió a la Corte información sobre el proyecto de resolución en torno a las pensiones, ya que sería muy grave que se pretendiera disminuir de 25 a 10 salarios mínimos el tope de las mismas.

El senador panista destacó que la Corte no puede modificar el régimen de pensiones, establecido en la Ley del Seguro Social. La facultad de los ministros es interpretar las leyes y determinar que se ajusten al marco constitucional, pero no cambiarlas.

En San Lázaro, el diputado Porfirio Muñoz Ledo consideró que ya parece una doctrina judicial el aplicar sentencias contra los trabajadores. Esta vez la Corte suprime derechos adquiridos de los pensionados en una interpretación mañosa e inexacta de la ley.

El perredista Ramón Jiménez reprochó que la Corte actúe otra vez de manera arbitraria, ilegal y con total insensibilidad social, como lo hizo en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y al validar la subrogación de guarderías del IMSS.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resaltó en el informe de la cuenta pública 2008 que las minusvalías de las Afore por 16 mil 500 millones de pesos se debieron a una débil regulación y escasa vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para evitar las pérdidas en los fondos de retiro.

Amador Monroy, diputado priísta del sector obrero, resaltó el daño que los ministros le asestaron a la clase obrera, que para obtener su pensión realizan aportaciones durante 25 años de trabajo.

Vamos a reunirnos en el Congreso del Trabajo para analizar hasta dónde llega el grado de afectación y qué número de trabajadores tendrán pérdidas, y asumir una postura formal y bien analizada de este nuevo golpe a los asalariados, declaró.

Muñoz Ledo refirió que las decisiones más recientes de la Corte en temas que involucran derechos de los trabajadores han sido claramente en contra de éstos. En la controversia sobre la subrogación de guarderías del IMSS ignoró que los seguros obligatorios, como el de la guarda de los hijos de derechohabientes, no son transferibles y que alquilar servicios privados es ilegal.

Afirmó que el fallo para validar la extinción de Luz y Fuerza fue un verdadero engendro que prueba la vocación de la Corte para ponerse al servicio del poder, y además debió pronunciarse sobre la vigencia del sindicato y si había lugar a nombrar un patrón sustituto, pero no lo hizo.

A su vez, Ramón Jiménez resaltó que no hay una justificación para que la Corte atente contra un retiro digno de los trabajadores. Anticipó que su grupo parlamentario presentará una solicitud de juicio político contra los cinco magistrados, “que violaron el artículo 53 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, respecto a controversias y sus procedimientos de reclamación, que deben ser dictaminados por el pleno de la Corte. El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, exhortó al máximo tribunal a rectificar su decisión de borrar de facto el derecho de más de un millón de trabajadores para jubilarse con dignidad.

La Corte demostró que es una institución que está al servicio de quien ostenta el gobierno, el cual mantiene un modelo económico que beneficia sólo a algunos cuantos, en perjuicio de la clase trabajadora.