En un hecho sin precedente, el Ejecutivo federal interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE), que declaró ilegal el mensaje del presidente Felipe Calderón –en el que se refería a la seguridad pública– transmitido en cadena nacional el pasado 15 de junio, durante el periodo de campañas electorales.

El gobierno consideró que la resolución del IFE es desproporcionada, porque asumió la facultad de censurar el discurso del Presidente de la República, y además carece de atribuciones para acusar o sancionarlo por la difusión de un discurso dirigido a los ciudadanos en cadena nacional.

La censura acordada ayer del discurso presidencial por parte del IFE es insostenible, y es convicción del gobierno federal que con ella se invaden las facultades del Presidente de la República y se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos, aseveró el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Gil Zuarth.

El IFE determinó el miércoles anterior que Calderón violó la ley durante los procesos electorales pasados, pero asumió que las restricciones legales en torno del Presidente le impidieron imponer sanción alguna.

Precedente grave: Gobernación

Gil, junto con el subsecretario de Normatividad de Medios, Héctor Villarreal, convocó a conferencia de prensa y con el argumento de que Gobernación es la dependencia responsable de la política interna, se erigieron en voceros y litigantes del presidente Calderón y afirmaron que el IFE se extralimitó en sus funciones, aunque no cuestionaron la confianza hacia ese organismo como institución.

El subsecretario de Gobierno argumentó que durante el mensaje censurado, el jefe del Ejecutivo federal solicitó apoyo a los ciudadanos para dar solución al problema de la inseguridad, uno de los más graves del país.

Por eso, aseveró, la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales –como ordena la Constitución– no es incompatible con la obligación del Presidente de comunicar los temas de trascendencia para la nación.

Gil, quien antes de ser funcionario público y diputado federal fue representante del PAN ante el Consejo General del IFE, calificó de precedente grave que se exija al Presidente que guarde silencio en el tema de la seguridad, cuando un día antes del mensaje fueron asesinados 12 policías federales en Michoacán y tres en Chihuahua.

Es decir, agregó, en temas como el de seguridad, las instituciones no pueden detenerse en  su trabajo cotidiano en razón de que en algún lugar del país hay una elección en curso, lo cual es una circunstancia permanente.

Dijo que para ser considerado propaganda electoral se requiere que el mensaje tenga carácter masivo y de repetición; por eso, agregó, no podemos subordinar nuestra realidad política y el funcionamiento de las instituciones del Estado a la dinámica electoral.

De aceptarse el criterio del IFE, sostuvo, toda expresión de autoridad política que ocurra de manera simultánea con un calendario electoral tendría naturaleza de propaganda gubernamental y, en consecuencia, sería ilegal.

La impugnación del gobierno federal se interpondrá, como marca la ley, en el plazo de cuatro días siguientes a la resolución del IFE.