La frase no procede el comentario predomina en la mayoría de las 778 páginas del documento en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) argumenta su rechazo a las objeciones, críticas y sugerencias que el sector privado, principalmente, y organizaciones civiles, especialistas en nutrición y salud, padres de familia, estudiantes y ciudadanos en general hicieron a la propuesta que elaboró con la Secretaría de Salud (Ssa) para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas.

Pero al final, en la respuesta que envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en otro documento de 114 páginas, la dependencia encabezada por Alonso Lujambio ratificó que botanas, pastelitos, confites, postres, galletas, jugos, néctares, yogures y bebidas de soya tienen garantizada su venta en cooperativas y tiendas escolares, con ciertos límites de grasas, azúcares, carbohidratos y sal que fijaron para cada tipo de producto en los tres niveles de educación básica.

Por correo electrónico y tres minutos antes de que la Cofemer cesara actividades el viernes, la SEP respondió al dictamen preliminar que le hizo llegar sobre los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, elaborado a partir de la consulta pública realizada del 11 de junio al 22 de julio de este año y en la que se recibieron 864 opiniones.

La Cofemer está obligada por ley a emitir el dictamen final en cinco días hábiles, los mismos que faltan para que inicie el nuevo ciclo escolar y en el cual arrancará la primera de las tres etapas para aplicar la nueva regulación.

Sin embargo, no será obligatoria sino hasta el año próximo, ya que se pretende dar tiempo a la industria de alimentos a reformular, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas que mejoren el contenido nutricional de sus productos, expuso la SEP.

Antes de esa fecha podrán aplicarse en las escuelas que así lo determinen. Del 23 de agosto al 31 de diciembre del presente año, las autoridades educativas y de salud federal y locales llevarán a cabo acciones tendientes a su difusión, así como la capacitación de los principales actores en su ejecución, a efecto de llevar a cabo la debida implementación del presente instrumento, precisa en su respuesta a Cofemer.

Además, las modificaciones que las autoridades sanitarias y educativas hicieron a su proyecto original para atender las observaciones de Cofemer, garantizan la permanencia de la llamada comida chatarra en las escuelas, pues aceptaron el uso de edulcorantes; admitieron que yogures, jugos y néctares son alimentos líquidos y no bebidas; y aseguraron que todo alimento es nutritivo, en lugar de clasificarlos en saludables y no saludables para no estigmatizar algunos productos, tal como lo reclamó la industria.

Si bien las autoridades privilegian el consumo de frutas, verduras, alimentos preparados y agua natural, y establecieron que los niños y adolescentes sólo deben ingerir durante el recreo 17.5 por ciento de los nutrientes que requieren para todo el día, sugieren, por ejemplo, que un niño puede tomar yogur dos veces a la semana como sustituto de un alimento preparado

Establecen que alentarán el consumo de agua entre los estudiantes, incluyendo la embotellada, y que sólo dentro de dos años se prohibirá la venta de bebidas azucaradas, pero de este grupo excluyeron yogures, jugos y néctares de frutas porque se les catalogó como alimentos líquidos, pese a que especialistas y organizaciones civiles han insistido en su alto contenido calórico.

Contradicciones en la respuesta final

La SEP aseguró que los lineamientos fueron apoyados totalmente o con algunas observaciones por 75 por ciento de los 864 participantes en la consulta y 90 por ciento de las opiniones fueron sobre salud, nutrición y educación.

En cambio el sector privado, a través de asociaciones, cámaras y empresas de todo tamaño, concentró sólo 20 por ciento de los comentarios emitidos, porque el restante provino de padres y madres de familia, investigadores, profesionistas, estudiantes, profesores, directores de escuela y ciudadanos en general, así como de instituciones sociales y públicas

Sólo en 25 por ciento de las opiniones, según la dependencia, se incluyeron criterios de tipo económico, mientras que 90 por ciento de quienes participaron en la consulta abordaron temas de salud, nutrición y educación, aún cuando también consideraran otros rubros.

Pese a tal numeralia en favor de su propuesta, las autoridades educativas y sanitarias se esmeraron en refutar con estudios científicos, estadísticas y ejemplos de las experiencias en otros países, las opiniones y argumentos de los opositores a la medida, al grado de dedicarles 685 de las 778 páginas del expediente que sirvió de base para su respuesta oficial a Cofemer y que prácticamente fue tapizado con la leyenda no procede el comentario.

En casi un centenar de páginas impugnaron las advertencias del sector privado sobre los costos económicos, la pérdida de empleos, el aumento de precios, la afectación a la libertad de comercio e incluso las acusaciones de que la SEP y la Ssa carecen de facultades jurídicas para establecer una normatividad al respecto.

Lo expuesto en el expediente de críticas particulares llega a contradecirse con la respuesta final de la SEP, ya que mientras en ésta puntualiza que habrá gradualidad en la implantación de los lineamientos para dar tiempo a la industria de alimentos de hacer los cambios necesarios, a las cámaras empresariales contestó de manera contundente que es urgente tomar medidas contra la epidemia de obesidad en el país, por sus consecuencias en la salud de la población y en el gasto público, al tiempo que remarcó que la industria alimentaria se encuentra preparada porque se caracteriza por ser innovadora, ya que cambia con frecuencia sus productos, tanto en contenido como en empaques.