La Secretaría de Educación Pública (SEP) estimó en 36 mil 560 millones de pesos la ganancia neta que se alcanzaría con la implementación de los lineamientos para regular la venta de alimentos y bebidas al interior de las poco más de 200 mil escuelas de educación básica en el país, tan sólo en beneficios para el sector salud, social y agropecuario, mientras que la inversión que se requiere para su aplicación, durante el primer año, se calcula en 6 mil 458 millones de pesos, de los cuales sólo 76.5 millones representarían una erogación para la industria de alimentos y bebidas.

En el documento elaborado por la dependencia, que encabeza Alonso Lujambio, y remitido el pasado viernes a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que emita un dictamen final, se reconoce como consumidores cautivos a los 25 millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria, quienes generan ventas, en 200 días hábiles del ciclo escolar, por 19 mil 400 millones de pesos, tan sólo en el consumo de alimentos procesados que incluye refrescos, pastelitos, golosinas y botanas.

En respuesta a los comentarios y críticas presentados ante Cofemer por la industria, empresarios, consumidores, padres de familia y especialistas, la secretaría señala que el gasto total de los alumnos dentro de los planteles alcanza los 40 mil 788 millones de pesos en un ciclo escolar, de los cuales 50 por ciento corresponde a la venta de comida procesada. En cuanto al gasto promedio diario por alumno en una cooperativa o tienda escolar, indicó que es de 7.50 pesos en planteles públicos, y de 12.50 en los particulares.

Sin embargo, subrayó que los centros escolares representan sólo 3 por ciento de las ventas totales del mercado de alimentos y bebidas, estimado en 672 mil millones de pesos al año, por lo que consideró que las pérdidas de ventas para este sector no será mayor a un trimestre debido a dos factores:

Los estudiantes (niños y adolescentes) son consumidores cautivos de los establecimientos de consumo escolar, de acuerdo con las condiciones de operación dentro de las escuelas. Los estudiantes se encuentran imposibilitados para acudir a otros puntos de venta fuera de las escuelas durante la jornada escolar. Por lo tanto, una vez que las cooperativas y expendios ajusten su oferta a lo que señalan los lineamientos, los escolares consumirán los productos que encuentren disponibles, cuales quiera que sean estos.

La SEP también argumentó que no habrá efectos negativos prolongados en la venta de alimentos procesados, debido a que la industria cuenta con una importante capacidad de sustitución en la oferta de productos, gracias a su fuerza económica, diversificación y conocimiento del mercado.

De acuerdo con el análisis del costo-beneficio de la implementación y operación de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo de los planteles de educación básica, el costo del ajuste para cumplir con la nueva reglamentación para las empresas de alimentos industrializados sería de 51 millones de pesos, en un escenario en donde no habría pérdida de empleos, y una sustitución gradual de productos que representaría una inversión adicional de 25.5 millones.

Los costos de su implementación, que incluyen difusión, puesta en marcha y evaluación, tareas que corresponden a las dependencias oficiales, representan un gasto de 6 mil 332 millones de pesos, mientras que la capacitación del personal que labora en las cooperativas o tiendas escolares requeriría de 126 millones de pesos.

En contraste el beneficio para el sector salud, por reducción de la población con obesidad y sobrepeso es de 13 mil 743 millones de pesos; a lo que se sumarían 16 mil 462 millones por incremento de productividad, mientras que la aplicación de los lineamientos también impactaría de forma positiva en la venta de frutas y verduras, por un total de 12 mil 889 millones de pesos.