as relaciones entre las instituciones de educación pública y los poderes federales y estatales van desde la tensión sorda permanente hasta las crisis recurrentes aquí y allá. Estas tensiones permanecen en la oscuridad, especialmente en las entidades federativas, pero son cotidianas y acalladas por los medios locales.

Con frecuencia los gobernadores de los estados dominan la escena política de sus estados, sobre todo hoy que quedó desdibujado y a veces desfigurado el poder otrora omnímodo del Presidente de la República.

Si ha sido obvio el déficit ciudadano que padece el país, el poder enfeudado del presente ha empeorado las cosas sensiblemente.

La mayoría de las universidades mexicanas, en general, están aún lejos de alcanzar una cota que les permita llamarse cabalmente universidades. Son universidades las casas cuyo personal académico es capaz de empujar el límite del conocimiento, cada día, un poco más allá, ampliándolo, y formar profesionales de alto nivel, emprendedores e innovadores.

Alcanzar esta condición requiere todo el apoyo del poder público, porque en el conocimiento se hallan los instrumentos capaces de generar un progresivo bienestar para el conjunto de la sociedad. Todas las sociedades desarrolladas del mundo han derivado su progreso del saber de sus sociedades. Pero si, y sólo si, las sociedades son educadas bajo bases disciplinares múltiples y rigurosas.

Las tensiones que refiero, y las crisis peor aún, proceden de un poder ignorante de lo que representa el conocimiento.

Resulta verdaderamente inefable que el Congreso del estado de Durango haya cometido la barbaridad que acaba de cometer. Al señor gobernador no le gustó la gestión de un rector, y el señor gobernador, como domina la prensa local, el congreso local, y vive para los poderes fácticos locales, hace lo que le pega la gana con la universidad.

La universidad produce conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad, y lo hace mediante la crítica de los estatus científico, social y político existentes. Esto disgusta profundamente a los nuevos señores feudales.

El gobernador y el Congreso duranguenses desconocen, en todos sus sentidos, lo que la Constitución Política dispone respecto de la autonomía universitaria. El saber y el conocimiento se gestionan bajo sus propias reglas, o le es imposible avanzar. El gobernador de Durango y el Congreso de ese estado no lo saben. Deciden pergeñar, vía fast track, una ley ad hóminem en contra del rector que, de acuerdo con la ley universitaria, buscaba relegirse. Pero, como hay un mandón que dice no, al diablo con la Constitución.

Es increíble que los diputados de la entidad hayan buscado detener al rector que buscaba otro mandato, hicieran esa ley que le prohíbe la relección por el Consejo Universitario, le quitan sus atribuciones al consejo, ponen a una rectora sustituta provisional, disponen que el rector sea elegido mediante el voto universal y secreto propio de una República, y aun digan cínicamente que es una ley provisional, que el año próximo volverán a modificarla para que sea posible la relección.

En tanto, el Ejecutivo mira a lo lejos el problema, ve cómo los poderes locales hacen caso omiso de la Constitución Política, que creen que la universidad es una dependencia gubernamental sobre la que pueden tomar las decisiones que se les pegue la gana.

Es momento de que las universidades del país cierren filas, porque la autonomía universitaria está gravemente amenazada por los señores feudales de las entidades federativas. Es claro que la de Durango no es la única clase política descerebrada. No sólo no entienden lo que deben hacer con la educación de sus estados para hacerla progresar sólida y velozmente, sino que la atacan, la atascan, la agreden, la aterrorizan. Se comportan con la universidad como el bandolero del barrio que puede romperle la crisma a cualquiera. Es absolutamente inadmisible.

En Jalisco, las cosas andan también de cabeza. Un gobernador extraordinariamente reaccionario, que ebrio y a mentadas de madre en una concentración pública regala a puños el dinero público a la aberrante clerecía estatal, es al mismo tiempo muy capaz de no entregarle el dinero público que corresponde a la educación pública.

¿Adónde va México con estos gobernantes, aliados con poderes fácticos enriquecidos bajo su mandato, y de la mano con los curas que, juntos, sólo entienden el mundo como cavernas en las que encerrar a la sociedad, y gobernarla a garrotazos y con decisiones políticas medievales? Cuánto daría Sandoval por restablecer la Santa Inquisición, encabezarla y colocar de gerente de los verdugos al gobernador González Márquez. Cuánto daría este gobernador por aplastar con sus propias manos a los enemigos de estos panistas del medioevo.

El peor dato para el futuro de la nación es el maltrato que los poderes públicos dispensen a la educación en todos sus niveles. Hoy por hoy, la educación del primer nivel está en manos de Elba Esther. El bachillerato, en el olvido. Las universidades aquí y allá, teniendo que pelear con las armas de la razón, los argumentos, y las movilizaciones pacíficas, el poder subsistir en el indispensable marco de la autonomía –que ha de pelearse día a día–, y tratando de hacer ver a esos poderes primarios que estas instituciones son la única garantía de un futuro civilizado.