Investigadores, pedagogos y profesores disidentes aseguraron que con la aprobación del llamado megadictamen mediante el cual se reformaron 20 artículos de la Ley General de Educación (LGE), se otorga el marco legal a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Se le da carácter constitucional a medidas que no fueron consensuadas con los actores del sistema educativo, son resultado de un pacto político entre la cúpula del gremio y el Ejecutivo federal, afirmaron.

César Navarro, catedrático del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, señaló que la reforma de la LGE aprobada por el Senado este jueves, pone énfasis en la creación de padrones de profesores, alumnos y escuelas, pero también ata los estímulos económicos para docentes a los resultados de sus evaluaciones.

Sin duda, agregó, son temas de la ACE. Mientras no tengamos hechos claros sobre el éxito de estas medidas para transparentar el sistema educativo, tenemos derecho a dudar que efectivamente ese es su objetivo, por lo que no podemos descartar que continúe la opacidad.

Sergio Espinal, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que con la aprobación de las reformas a 20 artículos de la ley se legalizan muchos de los contenidos de la ACE en ejes centrales como la creación de un sistema de formación, capacitación y actualización docente, que busca arrasar con la pedagogía normalista, comprometida con los valores de una educación pública, laica y gratuita, a fin de imponer un modelo educativo basado en competencias.

Enfatizó que la creación de padrones docentes y escuelas “no tiene como objetivo identificar la larga lista de profesores aviadores, comisionados sindicales o que no laboran frente a grupo desde hace varios años. Se trata de una nueva estrategia de control para detectar en qué planteles podrán aplicar sus programas de escuelas de tiempo completo y de horario ampliado, y a cuántos docentes podrán desplazar”.

Lucía Rivera, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, señaló que pese a que la finalidad de las reformas es transparentar el sistema educativo con la creación de padrones de alumnos, profesores y escuelas, tampoco podemos creer que de pronto hay un acuerdo entre la SEP y el sindicato de maestros para acabar con la opacidad del sistema, cuando es éste actor el más desdibujado en las reformas.

Consideró que ni el padrón de docentes difundido por la SEP en julio pasado, ni el examen nacional de asignación de plazas docentes, funcionaron para saber cuántos son realmente los maestros comisionados en actividades electorales, cuántas plazas hay en el país y a quiénes son asignadas.