os gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra promovieron un ranking de cardiólogos basado en el número de pacientes que salían adelante de sus padecimientos. Pronto vieron que, efecto de esa lista, los médicos buscaban hacerse cargo preferentemente de los casos no complicados, de modo que sus éxitos fueran más numerosos. Por supuesto, los enfermos más graves empezaron a ser desatendidos.

Lo mismo ocurre con los profesores de Estados Unidos que son premiados por los resultados de sus estudiantes en exámenes nacionales estandarizados: evitan responsabilizarse de alumnos, grupos o sectores de estudiantes con mayores necesidades o debilidades. Este es uno de los efectos perversos de llevar la competencia a espacios de servicio que deben guiarse por un principio de colaboración y garantizar mayor y mejor atención a los más necesitados.

En las últimas semanas, en México ha habido varios pronunciamientos respecto del trabajo de nuestros profesores. La OCDE generó, mediante un dadivoso contrato que le otorgó la SEP, una propuesta de acciones, la mayoría dirigidas al trabajo de los docentes, que esta secretaría asumió como acuerdo con esa organización. Al mismo tiempo, el organismo Mexicanos Primero difundió una evaluación de la enseñanza mexicana, cuyas deficiencias atribuye de manera central a los docentes y a su sindicato; posteriormente la presidenta vitalicia del SNTE rechazó tales juicios y anunció que se establecerá un nuevo sistema de evaluación del magisterio.

No sorprende la similitud de los planteamientos respecto de los maestros mexicanos que hacen la OCDE, la SEP y la derecha mexicana con las posturas de la derecha estadunidense, la cual ha venido impulsando, durante décadas recientes, sistemas de evaluación de los profesores que han sido desastrosos para la educación de ese país. Esta no es una opinión personal, es el resultado de acuciosas investigaciones, con datos duros, analizados por los más prestigiados educadores estadunidenses.

La problemática es expuesta con todo rigor en un documento publicado recientemente por el Instituto de Políticas Económicas (EPI, por sus siglas en inglés) con sede en Washington (www.epi.org). El documento está firmado por las principales autoridades en la materia de Estados Unidos, especialistas de peso completo, todos ellos autores de múltiples libros sobre estos temas. Si se revisa la lista de firmantes queda claro que no se trata de meros ideólogos u oportunistas políticos de oposición. Estos especialistas, junto con el EPI, han promovido un movimiento que pugna por un enfoque amplio y sólido de la educación, al cual se han sumado ya más de un centenar de académicos y educadores estadunidenses (www.bolderapproach.org).

Todos los interesados en este tema deberían estudiar con seriedad esas experiencias antes de aventurarse con la imposición de sistemas de evaluación de profesores que parecen de sentido común y se proponen como base de políticas que se impulsan como moralmente imperiosas, por ejemplo pago por resultados, identificados éstos con los puntos logrados por los estudiantes en pruebas nacionales estandarizadas (Enlace u otras).

Concluyen esos especialistas estadunidenses que es un desatino el que en algunos estados de EU se estén promoviendo leyes que establecen evaluaciones de los maestros con base en los resultados de los estudiantes en exámenes de matemáticas y lectura –aun con el modelo del valor agregado (cuya explicación y análisis ameritan más espacio que el disponible)– y que con base en estas evaluaciones se tomen decisiones tales como premiar a los profesores o despedirlos. Los firmantes de ese documento expresan que no hay evidencia de que los profesores se motiven para lograr mejores aprendizajes de sus estudiantes por recibir una compensación económica, tampoco la hay de que los docentes despedidos son los más deficientes ni que vayan a ser remplazados por otros más efectivos. Aun con modelos de valor agregado construidos con bases estadísticas impensables para nuestro país, los resultados de dichas evaluaciones de los profesores estadunidenses no son, a juicio de los autores del estudio hecho público por el EPI, válidos ni confiables.

Pero las propuestas derivadas de ese estudio sí son pertinentes para nuestro país: los maestros deben ser evaluados por sus pares y supervisores competentes, con protocolos de observación sistemáticos, con criterios bien desarrollados y basados en la investigación para examinar la enseñanza, incluyendo entrevistas, observación en clase, revisión de los planes de clase y muestras de los trabajos de los estudiantes.

Por otro lado, evaluar a los estudiantes con base en los resultados de exámenes nacionales (tema que amerita varias páginas) tiene múltiples efectos perversos acerca de los cuales advierten los autores del estudio. Uno es que promueven que los maestros enseñen para el examen, lo cual empobrece la enseñanza, advertencia que han hecho varios especialistas en nuestro país. Otra conclusión fundamental y de aplicación en nuestro medio – conocida por los educadores mexicanos desde hace muchas décadas– es que las mejores escuelas son aquellas que trabajan guiadas por el principio de la colaboración y no de la competencia, aquellas en las que todos los profesores cooperan para lograr que cada estudiante alcance el pleno desarrollo de sus potencialidades.