i las asignaciones presupuestales no se modifican (al alza, desde luego) en el transcurso del próximo año, el aparato de seguridad del Estado que según el gobierno calderonista combate al narcotráfico, en particular, y al crimen organizado, en general, habrá consumido más de 530 mil millones de pesos (cerca de 290 millones de pesos diarios, cifras oficiales e incluida la creciente asignación de recursos a la Secretaría de Gobernación) entre 2007 y 2011 para infructuosamente atender sus objetivos en dicho renglón.

Para dar una idea de qué implica tan voluminosa cantidad de recursos públicos, vale señalar que equivale a 5 por ciento del producto interno bruto, aproximadamente, significa un monto 1.7 veces superior al destinado a la Secretaría de Desarrollo Social en el mismo periodo, y representa 85 por ciento del saldo de la deuda externa del gobierno federal al cierre de septiembre de 2010. Lo anterior, sin incluir las ayudas externas, como las del denominado Plan Mérida, donaciones de equipo militar y demás cortesías del vecino del norte.

Con ese río de dinero público, en un país en el que cotidianamente las autodenominadas autoridades aseguran que no hay abundancia de ellos, el gobierno federal, las dependencias directamente involucradas en tal combate, lo único concreto que han logrado ha sido construir un búnker para el inquilino de Los Pinos (entre otros elefantes blancos, porque él quería todos los juguetes necesarios para ser superiores a los criminales), la captura o muerte de unas cuantas cabezas de los cárteles de la droga, 85 mil detenidos (no se sabe cuántos procesados) por estar asociados al negocio de los enervantes, infinidad de daños colaterales (impunes todos ellos), alrededor de 30 mil muertos, más los que se acumulen esta semana, y, desde luego, la creciente desconfianza ciudadana en torno a la estrategia calderonista en la materia.

Mucho dinero, para tan escuálidos resultados; mucho ruido, escasas nueces, y así lo percibe la ciudadanía, es decir, no es que en 2006 el país estuviera mejor, sino que en 2010 está mucho peor, en vía de agravarse). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México, levantada por Consulta Mitofsky a petición de la organización México Unido contra la Delincuencia, “por primera vez en lo que va del sexenio es mayoría –49 por ciento– el grupo de ciudadanos que piensa que los operativos contra el narcotráfico han sido un fracaso; un dato complementario es que en tan sólo cinco meses cayó de 48 a 23 por ciento el porcentaje de ciudadanos que consideraron que el gobierno va ganando la lucha contra la delincuencia. El presidente del colectivo, Eduardo Gallo, dijo que estas cifras reflejan que a dos años que se convocara al Acuerdo Nacional por la Seguridad, no se han logrado avances en esta materia. Es preocupante que la mayoría de la población considere que la situación del país ha empeorado y la percepción de inseguridad en el país sea mayor” (El Universal).

Lo anterior, sin embargo, es otra de las percepciones equivocadas (versión del inquilino de Los Pinos) sobre la realidad nacional. Felipe Calderón asegura que el balance es positivo y notorio. De hecho, ayer este preclaro personaje, siempre atento al sentir ciudadano, de la manga se sacó la siguiente afirmación: “hay quienes piensan que lo mejor era no combatir a la criminalidad… Se equivocan quienes piensan así. Como es evidente, la criminalidad está al acecho y está agrediendo a la sociedad y a sus instituciones, está agrediendo a los ciudadanos”.

El equivocado parece ser otro. Difícilmente la ciudadanía se pronuncia por no combatir a la criminalidad, como dice el inquilino de Los Pinos. Lo que sí exige es que ese combate sea efectivo, que sea integral, que se haga bien, que arroje resultados tangibles. Es fácil hablar de buenos resultados encerrado en su burbuja, rodeado de un impresionante cuan costosísimo aparato de seguridad, y sin pisar el México real. Que se dé una vuelta por las calles como ciudadano de a pie, y verá qué rápido cambia de parecer. O si prefiere, que se vaya a vivir, en las mismas condiciones, a Ciudad Juárez, por ejemplo. Después de eso, entonces sí que defienda sus buenos resultados. Lo mismo para el inquilino de Bucareli, Francisco Blake Mora, quien ayer aseguró que en el gobierno federal está decidido a hacer ajustes para combatir con mayor eficacia a la delincuencia. Sin embargo, la lucidez poco le duró, porque, dijo, en lo fundamental la estrategia federal para atacar a los grupos criminales ha sido la adecuada, aun con sus costos.

Para los mexicanos, el costo económico que no le importa al secretario de Gobernación se ha incrementado 205 por ciento de 2007 a 2010. De ese tamaño ha sido el aumento (que a Blake no le importa, porque no sale de su bolsillo), toda vez que el presupuesto de dicha dependencia pasó de 5 mil 83.25 millones de pesos en el primero de los años citados a 15 mil 503 millones en 2011 (aprobado por los diputados). Cuarenta y cinco mil millones de pesos y cuatro titulares de la Segob en un quinquenio, y los resultados brillan por su ausencia.

Algo similar se registra en otras dependencias involucradas en la ya citada estrategia (fallida, a todas luces) calderonista, a cuyos titulares tampoco les debe importar mucho el costo económico. Como lo mencionamos en días pasados, de 2007 a 2011 el presupuesto conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, más el correspondiente a la Procuraduría General de la República, acumula casi 486 mil millones de pesos, de tal suerte que en el balance y en el lúgubre juego de los promedios, cada muerto (de los 30 mil que oficialmente se reconocen) en el combate al crimen organizado le ha costado a la nación cerca de 16.2 millones de pesos (17.6 millones si se incluyen los dineros de la Segob), todo un récord internacional en la historia de las guerras, con el agravante de que en otras partes del planeta éstas se ganan, y cuando se empantanan se buscan canales alternativos, lo que ni de lejos considera el inquilino de Los Pinos.

Las rebanadas del pastel

Deben de ser los nervios que provoca autoconsiderarse precandidato al hueso mayor, pero el hecho es que al titular de la SEP, Alonso Lujambio, le ha dado por el chistorete. Ayer contó uno muy bueno: seguiré trabajando con la maestra Elba Esther Gordillo, sin subordinación. Ja, ja, ja… El que no ve el chiste por ninguna parte es el gobernador hidalguense, quien denuncia que a casi tres años del anuncio original sobre la construcción de la Refinería Bicentenario (en Tula) ni el presupuesto aprobado (2009) para la barda perimetral se ha entregado.

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